La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, ha presentado este lunes en la sede nacional del partido su propuesta de financiación "singular" -después de rechazar, hace pocos días, la "tercera vía" de PSC y UDC- para frenar el auge independentista en Cataluña: una mejora de la financiación de la Generalidad, de forma que se limite la solidaridad con otros territorios y se garantice el principio de ordinalidad fiscal. Una propuesta que ha sido recibida con frialdad por la dirección del partido, y casi con hostilidad por algunos barones territoriales.

Camacho ha considerado que su propuesta supondría una "nueva etapa" en la relación entre las CCAA y ha querido dejar claro que "no rompe la caja común". Ha razonado que esta nueva financiación que pide es necesaria para enfrentarse al desafío sececionista, ante el que los populares "no podemos estar sin hacer nada".

Pero también ha reconocido que tiene por delante una "labor de pedagogía importante" para convencer a sus compañeros de partido, y en especial a los presidentes de otras CCAA. Tanto la dirección nacional del PP como los barones territoriales le han dado la razón en este último punto.

Cospedal: "Cada uno tiene derecho a opinar"

Por parte de Génova, las críticas han mostrado una cierta moderación, básicamente en el tono. La número dos del partido y presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, la ha valorado con un apreciable distanciamiento, cuando ha dicho, en relación a Camacho, que "cada uno tiene derecho a opinar lo que mejor le parezca en el sentido de tratar de conseguir lo mejor para aquellos territorios a los que representa".

Además, Cospedal ha remarcado especialmente, hasta en dos ocasiones, que cualquier modelo de financiación tiene que preservar la "solidaridad de todos los españoles" que Camacho pretende limitar. También ha querido destacar -y en esto coincide más claramente con Camacho- que Cataluña no puede tener una financiación "única":

"La financiación nunca puede pretender, y no pretende el PP catalán, que sea única para Cataluña, o singular. Tiene que tener en cuenta la solidaridad entre toda España, y eso lo tiene bien claro el PP catalán".

González amenaza con una consulta a los madrileños

Pero mucho más duros con Camacho se han mostrado otros dirigentes territoriales del PP. "Si alguien tiene la tentación de dar un régimen fiscal a la carta, nosotros desde la Comunidad de Madrid pediremos que se consulte a los madrileños también para ver qué régimen quieren", ha dicho el presidente autonómico de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Este ha señalado que el modelo de financiación es "absolutamente perjudicial" también para Madrid, y que, si se aplicara este "régimen a la carta", el modelo actual, "que está en la Constitución española", difícilmente sería sostenible.

Una prevención similar hacia la propuesta de Sánchez-Camacho ha expresado el presidente de la Generalidad Valenciana, Alberto Fabra, que se ha mostrado frontalmente en contra de que haya "acuerdos bilaterales" en financiación. Fabra, como ha hecho antes González, también ha recalcado que la Comunidad Valenciana está "infrafinanciada", y que por tanto está a favor de reformar el sistema. Pero marcando bien las líneas rojas: "Lo que no estamos dispuestos en absoluto es a que haya negociaciones bilaterales para financiar mejor solo a unas CCAA".

En la misma línea se ha expresado el presidente de la Xunta de Galicia -y uno de los posibles sucesores de Rajoy, según algunos observadores-, Alberto Núñez Feijóo: "Nadie [en el PP] ve bien los tratos diferenciados", ha dicho. Igualmente crítico ha sido el consejero de la Presidencia autonómica del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, que ha valorado que la solidaridad interterritorial ha de ser un principio "indiscutible", que "no se puede quebrar", porque si no "no seríamos un país".