La Comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento autonómico ha aprobado este miércoles citar a algún representante -sin concretar a quién- de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música para que dé explicaciones de por qué no ha pedido la imputación de CDC en relación al caso Palau, el saqueo de la institución durante la época en que la dirigían los dos principales inculpados, Fèlix Millet y Jordi Montull.
La decisión la ha tomado la comisión menos de una semana después de que el Palau presentara en el juzgado su escrito de acusación, en el que pedía 81 años de prisión para Millet y Montull, y otras penas para doce imputados más, pero evitaba inculpar a CDC. El juez que lleva el caso tiene indicios de que el partido liderado por Artur Mas cobró cinco millones de euros provenientes del Palau en comisiones ilegales.
La solicitud de comparecencia, presentada por Ciudadanos, se ha aprobado con el voto a favor de todos los grupos de la oposición -incluyendo a los aliados externos del Gobierno autonómico, ERC-, y con la abstención de CiU. La federación nacionalista, como ha hecho otras veces en esta legislatura, ha evitado así de forma simbólica perder la votación. La explicación oficial, por boca del diputado autonómico David Bonvehí, no obstante, ha sido que CiU se abstenía porque es "parte interesada".
La petición no especifica quién tiene que comparecer en el Parlamento autonómico, limitándose a pedir que acuda "una representación" del Palau. Mucho más concretas, en cambio, eran dos propuestas similares del PSC, que pedían directamente la comparecencia de la presidenta de la fundación del Palau, Mariona Carulla, y la del director general, Joan Oller, para informar "sobre las últimas actuaciones jurídicas de esta institución con relación al caso Palau". En este caso, CiU no se ha considerado parte interesada, y ha podido rechazar -ahora sí, con el apoyo de ERC- las dos propuestas de los socialistas.
El Palau nunca ha querido acusar a CDC
En el auto judicial con el que el juez cerró la instrucción del caso Palau se concluía que CDC recibió presuntamente comisiones "por obra pública adjudicada a esta constructora por el Gobierno de la Generaliad". Unas comisiones que se habrían enmascarado por varias vías, una de las cuales era hacerlas pasar antes por el Palau de la Música, en forma de donaciones de Ferrovial a la institución.
A pesar de estas conclusiones del juez, la fundación del Palau no creyó conveniente acusar a CDC ni a ninguno de sus dirigentes, como no ha hecho nunca desde que estalló el caso, ahora hace ya cuatro años.
Aun más llamativa es la posición del Consorcio del Palau de la Música, participado por la Generalidad, el Ayuntamiento de Barcelona y el Gobierno, que en enero de 2011 presentó un escrito en el juzgado pidiendo que no se imputara a ninguna persona en concreto por el caso Palau.
Este escrito rectificaba uno anterior en el que el propio consorcio, dos meses antes, pedía la imputación del ex tesorero de CDC Daniel Osàcar y el responsable de Inmigración del partido, Àngel Colom, este último, desimputado del caso.