El Tribunal Constitucional (TC) ha comunicado este lunes la admisión a trámite del recurso interpuesto el pasado agosto por el PSOE en que denunciaba la inconstitucionalidad de la Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, conocida popularmente como ley antidesahucios.

Más de 50 diputados del PSOE, a petición de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), promovieron el recurso, en el que se critica que la reforma hipotecaria habría vulnera el principio constitucional de participación de la sociedad civil en la política del país, en referencia al millón y medio de personas que suscribieron el texto de la PAH.

PSOE: el Gobierno "ignora" a la sociedad

La normativa que aprobó el Congreso, a petición del Gobierno, es el resultado de dos textos, el elaborado por el PP y el texto presentado a modo de Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por parte de la PAH.

Sin embargo, ninguna de las propuestas de la PAH entraron en el texto final y los grupos de la oposición en el Congreso no pudieron introducir cambios. Hecho, este último, que ha motivado al PSOE para interponer el recurso.

Según el PSOE, el Gobierno "ignora" a la sociedad desatendiendo una reivindicación legítima y respaldada por un millón y medio de personas. Era entonces una cuestión de "obligación" presentar el recurso, como defiende el secretario de Organización del PSOE, Óscar López.

Argumentos jurídicos

Los socialistas alegan la vulneración de catorce artículos de la Constitución, al tiempo que recogen parte de la argumentación jurídica aportada por la PAH. En concreto, según el PSOE, no tiene sentido que los jueces "no puedan considerar las condiciones de una familia que va a ser expulsada de su vivienda".

La PAH, encabezada por Ada Colau, que solicitó el respaldo de diputados y senadores socialistas, reprochó al PSOE que tratara de apropiarse de sus reivindicaciones y de sus argumentos jurídicos. Alfredo Pérez Rubalcaba, por contra, ha considerado desde el principio que no importa quién recurra la ley, sino que se logre dar amparo constitucional a los afectados.

En este sentido, desde el PSOE consideran que la ley no contempla la paralización de los procesos de desahucio, y por ello no apoyan la última reforma hipotecaria. Ahora, tras admitir el recurso -lo que no suspende la aplicación de la ley- el TC deberá pronunciarse acerca de la constitucionalidad de la nueva normativa.