Aprobada definitivamente la Ley de emprendedores con el apoyo de CiU

El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado, este jueves, con los votos del PP y de CiU, la Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, concluyendo así su tramitación después de que hayan sido ratificadas las enmiendas del Senado al texto defendido por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro (PP), quien ha asegurado que "es un paso más para salir de la crisis".

La ley establece una rebaja en la facturación fiscal de las pymes, que ha sido valorada por el Gobierno en cerca de 2.000 millones de euros, lo que beneficiará a cerca de 1,5 millones de personas y a más de un millón de empresas, siempre según los cálculos del Ejecutivo.

La norma también recoge, en cuanto al Impuesto sobre Sociedades, una nueva deducción por inversión de beneficios, se facilita la contratación de obras públicas por parte de emprendedores y se allana el camino para que extranjeros no residentes puedan obtener el visado de estancia, o directamente la residencia, si llevan a cabo una inversión significativa, entre las que se cuentan un proyecto empresarial de "interés general" o la adquisición de un bien inmueble en España con una inversión de valor igual o superior a 500.000 euros.

Apoyo de CiU

En su último tramo, la ley se ha encontrado con la oposición de los grupos parlamentarios, exceptuando a CiU, que, según el diputado Josep Sánchez-Llibre, ha quedado "satisfecho" con la norma. Para el democristiano, a partir de ahora en España será más fácil que los emprendedores sin capital pongan en marcha un negocio "gracias a los inversores de proximidad y a la tarifa plana".

Por el contrario, Pedro Saura (PSOE) ha calificado la ley de "fraude y chapuza"; y Joan Coscubiela (ICV-EUiA) ha subrayado que comienza con un mal diagnóstico, y ha advertido de que los emprendedores se toparán con una "verdadera jungla" normativa.

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha lamentado que la ley deje fuera de consideración la "economía social", incumpliendo así el que, según él, fuera un compromiso de los populares. A su vez, Emilio Olabarría (PNV) ha rechazado la norma porque, a su juicio, tiene consecuencias negativas para el concierto económico vasco.

Finalmente, UPyD, por boca de su portavoz en materia económica, Álvaro Anchuelo, ha reconocido que la ley no es "perniciosa", pero considera que se queda "corta" y que por ello supone una "oportunidad perdida".

División entre los profesionales

En cuanto al articulado de la ley, la norma ha sido proyectada para dar amparo a todo tipo de empresas, al margen de cuál sea su tamaño y del ciclo empresarial en que se hallen.

Entre los colectivos de autónomos y empresarios ha habido reacciones diversas. Por un lado, desde ATA se han mostrado satisfechos por la aprobación de esta nueva ley, que ha de representar, desde su punto de vista "un gran avance que permitirá que emprender sea más fácil, más seguro y menos costoso".

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), por contra, considera que "no cubre todas las expectativas que se habían creado, ya que deja muchos aspectos sin resolver o con soluciones no del todo satisfactorias, introduciendo además temas conflictivos, como los cambios en la Ley de Extranjería que no deberían formar parte de esta ley".

Responsabilidad limitada

Entre las medidas contenidas en la norma, destacan los incentivos para promover la cultura emprendedora y facilitar las actividades empresariales, tales como la proyección del sistema educativo hacia una formación en competencias y habilidades para que los jóvenes puedan emprender.

Se creará, además, la figura del Emprendedor de Responsabilidad Limitada, que garantiza un marco de protección jurídica a las personas físicas que carguen con deudas empresariales, de modo que la responsabilidad derivada de sus actividades productivas no afecten, por ejemplo, a su vivienda habitual.

De igual manera, la ley prevé la creación de una Sociedad Limitada de Formación Sucesiva (SLFS), que conservará el mismo régimen jurídico que las Sociedades de Responsabilidad Limitada, salvo en el caso en que concurran obligaciones específicas para garantizar la protección de terceros. Y está previsto crear Puntos de Atención al Emprendedor, presenciales o electrónicos, con tal de que el emprendedor pueda realizar cómodamente y con celeridad todos los trámites que requieran el inicio, ejercicio o cese de su actividad empresarial.