Independencia: ¿infierno o paraíso?

El análisis de las consecuencias de una hipotética independencia de Cataluña puede abordarse desde diversos ángulos. Uno de los más controvertidos es el de sus repercusiones económicas, tanto en el momento que fuese efectiva, como los efectos que genera la situación actual de incertidumbre política.

El impasse puede prolongarse durante bastantes años, acabe o no produciéndose la independencia. Sobre los costes de la transición sólo dos palabras: la incertidumbre política -cualquiera- es mala compañía para los negocios. El dinero es cobarde.

Los principales bancos de inversión del mundo (Nomura, UBS, JP Morgan...) han emitido informes alertando a sus clientes sobre la situación política de Cataluña como un factor de riesgo a valorar. Bueno no es, aunque es difícil distinguir entre efectos de la crisis y efectos de la inestabilidad política vinculada al proceso secesionista.

El argumentario independentista del Col·lectiu Wilson

El argumentario independentista puede resumirse en la posición del Col·lectiu Wilson, capitaneado por Xavier Sala i Martín. Su razonamiento, en síntesis, se basa en mantener que el déficit fiscal absorbe sobradamente cualquier efecto negativo que pudiera derivarse de la independencia.

Estos autores dan por buenos los cálculos del déficit fiscal reflejados en las balanzas fiscales calculadas conforme a los criterios de la Generalidad, incluida la neutralización. Para el Col·lectiu Wilson la independencia permitiría que Cataluña mantuviera los mismos ingresos tributarios que ahora.

También considera el Col·lectiu Wilson que el nuevo Estado no gastaria más que la cuota que la Generalidad imputa actualmente como gastos de la Administración General del Estado en Cataluña. Por eso recogen la cifra de 3.000 millones de euros anuales, un dato muy alejado de otros cálculos que elevan esa cifra a los 6.000 millones. En todo caso, la cifra real de gasto adicional del nuevo Estado dependerá de decisiones políticas, como por ejemplo la creación o no de un ejército o el coste de ampliar y armar a la policía, entre otras.

El efecto frontera, la balanza de capitales y el euro

Estos autores defienden que el efecto frontera (la caída de las relaciones comerciales internas por la división de un país) apenas tendría repercusión en la balanza comercial, pues consideran que los bienes no vendidos al resto de España podrían venderse a otros países, aunque fuera a un precio menor. Así, consideran que la caída del PIB asociado a esta causa apenas seria de un 1%, y quedaría ampliamente compensada con el excedente tributario y con los beneficios de ampliar el sector público catalán.

El Col·lectiu Wilson no habla del déficit de la balanza de capitales, ni del reparto de activos y pasivos entre Cataluña y el resto de España en caso de secesión, una cuestión, sin duda, muy conflictiva. Entre los pasivos, destaca la deuda pública atribuible a Cataluña, y la forma y el coste de financiarla.

Dan por supuesta la permanencia en la Unión Europea (UE), o por lo menos niegan cualquier efecto negativo de quedar fuera, por considerar que mediante tratados bilaterales se alcanzarían los mismos efectos economicos que perteneciendo a la UE. Mantienen que Cataluña permanecería en el euro aunque saliese de la UE, algo en lo que el consenso está muy extendido, aunque muchos autores destacan que mantener el euro como moneda del nuevo Estado sin estar en la UE y en la Unión Económica y Monetaria (UEM) tendría mas desventajas que ventajas.

Minimización de las consecuencias de una separación

También niegan cualquier efecto significativo de la deslocalización de empresas, no cuantifican una posible pérdida de población que optara por marcharse al resto de España y no comentan los efectos sobre las grandes empresas de servicios o financieras, como La Caixa, Banc de Sabadell o Gas Natural; las deportivas, como el F.C. Barcelona; o sobre las infraestructuras, como el Puerto y el Aeropuerto de Barcelona. Incluso dan por supuesto que todos los catalanes mantendrían la nacionalidad española para poder circular libremente por la UE sin verse afectados porque el nuevo Estado quedara fuera del Espacio Schengen.

Por último, minimizan la trascendencia de que en los últimos ejercicios la caída de ingresos fiscales derivada de la crisis produzca un déficit presupuestario que debe cubrirse recurriendo al crédito. Consideran, como se ha comentado, que hay que obviar esta cuestión procediendo a "neutralizar" los efectos del ciclo económico. Pero no explican cómo el nuevo Estado conseguiría crédito en los mercados internacionales desde el minuto cero de la hipotética separación, una cuestión vital, especialmente si la independencia se produjese sin acuerdo, en un momento de crisis y con mala valoración de las agencias de rating.

En definitiva, los defensores de la secesión consideran que esta mantendría todas las variables ceteribus paribus (esto es, constantes), con la ventaja de que el excedente tributario -ahora inexistente por la crisis- se mantendría y se quedaría en Cataluña. Y tampoco consideran relevante el impacto de la transición, ni desarrollan escenarios alternativos en función de si hubiese pacto o no.

Las balanzas fiscales

Existen numerosos estudios y opiniones que cuestionan la visión idílica de la independencia que presentan sus valedores. Como cuestión previa, existe unanimidad a la hora de considerar que los efectos serían muy diferentes en el caso de una separación totalmente acordada y sin conflictos, o de una independencia unilateral, con conflicto abierto.

No es extraño que Artur Mas parezca descartar la secesión unilateral, consciente de la inviabilidad práctica de la misma, pese a que algunos de sus portavoces aplacen a 2016 lo que ahora no consideran adecuado hacer, sin duda por razones políticas de mantener la cohesión interna y retrasar al maximo la ruptura con ERC.

La Generalidad destaca en sus balanzas fiscales el metodo del flujo monetario neutralizado. En base a ello, y a algunos criterios de imputación discutibles, cuantifica el deficit fiscal en 16.000 millones anuales, esto es, alrededor del 8% del PIB de Cataluña.

Pero el metodo no sirve para calcular lo que se recaudaría en una Cataluña independiente. Por ejemplo, aunque se mantuvieran las ventas a España, la recaudación por IVA caería notablemente. El metodo del flujo monetario imputa el ingreso al domicilio fiscal, independientemente del lugar en que se realice la operación económica. Con la independencia, las ventas serían exportaciones, o se realizarían a traves de un establecimiento permenente en España, que tributaria allí. De igual forma se verían afectados el Impuesto de Sociedades y otros tributos. De esta forma, con o sin caida del PIB, la recaudación fiscal disminuiria.

Por otra parte, el método de cálculo utilizado por la Generalidad no sólo sobrepondera los ingresos sino que además minimiza los gastos que deben imputarse a Cataluña en cuestiones como defensa, exteriores, u organismos no territoriales, entre otros. Un nuevo Estado ampliaría notablemente el gasto público aunque lo recuperaria en parte (los soldados gastarían en Cataluña, pero las armas no). En este sentido, destaca el estudio de Pascual Fernández, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, en el que desgrana los aspectos más controvertidos del sistema de cálculo seguido por la Generalidad.

Hace unos meses el Estado anunció que estaba preparando unas nuevas balanzas fiscales, y el consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, pidió que el cálculo lo hicieran expertos extranjeros, algo no solicitado cuando la Generalidad realizó sus propias balanzas fiscales, hasta el extremo que se excluyó a parte de los profesores catalanes que participaron en su elaboración en tiempos del tripartito.

Cuando se hagan públicos estos nuevos cálculos podremos contrastar los criterios de unos y otros y extraer consecuencias. En cualquier caso, es evidente que las balanzas fiscales no son matemáticas, aunque a veces lo parezca, y caben múltiples fórmulas de computación y de interpretación.

La última aclaración se refiere al hecho de neutralizar el ciclo económico. Esto supone, ni más menos, rehacer la cuenta de ingresos del Estado en base a criterios subjetivos y simulando que los gastos se han pagado con ingresos tributarios, en lugar de mediante la emisión de deuda.

Se trata de un ejercicio carente de toda base realista, especialmente si lo que pretendemos demostrar es un hipotético beneficio fiscal para Cataluña en caso de secesión. Si Cataluña fuera independiente ahora, no tendria 16.000 millones de euros más para gastar, como dicen los políticos nacionalistas, sino un elevado desajuste entre ingresos y gastos que habria que cubrir con deuda. Una deuda que no se sabe quién financiaria, ni a qué coste.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado en más de una ocasión que los poderes económicos trabajan contra la independencia. De ser cierta su afirmación, ¿por qué lo hacen, si sus beneficios no se resentirían con la separación, sino más bien al contrario, según la versión independentista? Logicamente justo por lo contrario. Las empresas, unas más que otras, se verán perjudicadas. Y, si pierden las empresas, pierden los ciudadanos. La excepción son todos aquellos sectores que viven del sector público o los políticos, de cualquier color, que siempre prefieren más poder aunque el país sea más pobre. Más contratos, más pompa, más control del poder judicial y más amiguetes colocados.

Efecto frontera y caída del PIB

Como se ha señalado anteriormente, los cálculos del Col·lectiu Wilson minimizan el efecto frontera y niegan cualquier consecuencia sobre las exportaciones, incluso en caso de no pertenencia del nuevo Estado a la UE. No es esta la opinión dominante entre la mayoria de expertos, incluidos los extranjeros.

Desde luego, los efectos serían mucho más graves en caso de declaración unilateral que en caso de secesión pactada, aunque estos continuarían produciendose. Las estimaciones van desde una caída del 7% del PIB, como apunta el profesor del IESE Pankaj Ghemawat, hasta reducciones de en torno al 20%, principalmente, debido a la suma de otros efectos negativos como las deslocalizaciones, las dificultades de financiación publica y privada, y la recesión aparejada al proceso.

A modo de ejemplo, basta con constatar que la La Caixa tiene en torno a un 70% de su negocio fuera de Cataluña, y ya controla casi el 40% del mercado catalan. No se podría compensar un descenso drástico de la cuota de mercado en España a costa de un crecimiento en Cataluña. Lo mismo ocurre con la mayoria de las empresas industriales, comerciales o de servicios.

Los partidarios de la independencia acostumbran a señalar que se sustuirían las ventas al resto de España por exportaciones al resto de países. La sustitución sería prácticamente imposible si Cataluña no estuviera en la UE. Además, las compañias reducirian sus beneficios o tendrían perdidas, porque tendrían que vender a precios muy inferiores a los del actual mercado interno, o asumir mayores costes para acceder a nuevos mercados. Y en cualquier caso, sería un proceso lento.

En esa línea, hay que tener en cuenta que muchos de los distribuidores de productos extranjeros con sede en Cataluña perderían la distribución en el resto de España o deberían establecerse fuera de Cataluña, pagando buena parte de sus impuestos a la hacienda española y no a la catalana.

Debe insistirse en que, en esta cuestión, es clave el grado de conflicto que se produza. En caso de declaración unilateral de independencia, es evidente que las represalias y boicots, las tensiones, la salida de la UE y hasta el establecimiento, seguramente transitorio, de aranceles tendrían un efecto devastador.

Además, la caída del PIB conlleva una reducción de ingresos fiscales, como está demostrando esta crisis. El nuevo estado debería incrementar sustancialmente la presión fiscal para tratar de sostener los ingresos, lo que tendría un efecto recesivo. A modo de referencia, basta recordar que durante esta crisis la caída del PIB en Cataluña ha sido infinitamente menor que el 7% que plantea la estimación más optimista en caso de secesión.

Balanza de capitales y reparto de activos y pasivos

En Cataluña, el sistema financiero invierte y presta más de lo que ahorran los catalanes. Las entidades financieras invierten en Cataluña (por razones de rentabilidad y de tejido industrial) parte de lo que se deposita en otras regiones españolas y lo que les presta el Banco Central Europeo (BCE). Fuera de España y de la UE la financiación sería más complicada de conseguir. La falta de crédito se agudizaría con los efectos recesivos que ello comportaría. Además, la mayor parte de las instituciones financieras no podrian sobrevivir, a día de hoy, fuera del eurosistema, es decir, sin el apoyo del BCE, por lo que podrían estar tentadas de cambiar de domicilio fiscal.

Otro tema que evitan los defensores de la independencia es el reparto de los activos del Estado en Cataluña y de los pasivos. Entre los pasivos, cabe destacar la parte proporcional de la deuda publica del Estado. Si a la deuda de la Generalidad, algo más de 50.000 millones, añadimos la parte alicuota de la deuda estatal (ya sea siguiendo el criterio de la población, del PIB o cualquier otro que se negociase), la deuda del nuevo Estado superaría los 200.000 millones.

Tampoco se acostumbra a cuantificar el coste de financiar esa deuda, ni la forma de hacerlo, teniendo en cuenta que actualmente la deuda de la Generalidad tiene una calificación cercana al bono basura. Esta situación se agravaria por las dudas que siempre genera un nuevo Estado. Cataluña tendría un importante capital público pero tendría graves problemás para financiar su deuda, por lo que, presumiblemente, habria que proceder a un agresivo plan de privatizaciones. Los autores independentistas aparcan este tema apelando a agravios históricos, pero si se prentede una solución acordada es evidente que esta cuestión deberá ser abordada.

Deslocalizaciones, pérdida de población y gestión pública tras la independencia

También es habitual minimizar el efecto de las posibles deslocalizaciones de empresas. El presidente del Grupo Planeta, José Manuel Lara, ya ha anunciado que trasladaría la sede de sus empresas en caso de que Cataluña se independizase. Es difícil cuantificar las empresas que tomarían esta decisión, pero no es necesario que trasladen sus establecimientos al completo, basta con que cambien de domicilio su sede social. Los casos de Coca-Cola, Arbora, o el anuncio de MRW son indicativos.

Otro fenómeno apenas tratado es la posible salida de población. Esto ha ocurrido en muchas repúblicas ex sovieticas y dependería en buena parte de las politicas del nuevo estado en temas culturales e identitarios. Tampoco es posible hacer una cuantificación fiable.

En el argumentario independentista nunca falta un punto que reivindica una mejor gestión pública de una Cataluña independiente. Sin embargo, esta afirmación no se ve avalada ni por la historia reciente ni por la lógica. Un país más pequeño, sin la tradición ni la transparencia de los paises nórdicos, implica más concentración de poder, menos competencia y más riesgo de corrupción, como se demuestra en muchos de los paises que han alcanzado la independencia en la última mitad del siglo XX.

La independencia unlilateral conllevaría el aislamiento del nuevo Estado, tal y como ha reconocido el propio Mas, y la crisis ecónomica y social podriá desembocar en gobiernos de tinte autoritario para que los impulsores del proceso mantuvieran el poder y evitaran lo que ha sucedido en países como Ucrania, donde los promotores de la independencia perdieron rapidamente el poder.

El derecho a una información veraz, completa y plural

Cuantificar las consecuencias de una hipotética independencia en un plazo de cinco a veinte años es complejo y dependerá, en gran parte, de si esta se produjera de forma acordada con España. Pero, en cualquier caso, son insostenibles las teorias del paraíso en la tierra que tratan de transmitir los políticos nacionalistas de cara a la galería, la última de ellas, vaticinar un descenso del paro del 12% en caso de independencia. ¿Por qué no pleno empleo?

Se puede contraponer, con razón, el argumento de que estos temas son opinables, y cada uno puede aferrarse al relato que más le convenza. Si no hay acuerdo sobre lo que ocurrió en el pasado ni sobre lo que esta pasando, mucho menos sobre lo que pasará. Pero cada lector también puede pensar en su entorno más inmediato y meditar los argumentos confrontados.

De hecho, el cambio de rumbo de Mas avala buena parte de los argumentos recogidos en este artículo. Es consciente de que una independencia unilateral, en momentos de crisis, sin apoyo internacional y sin una administración preparada es un suicidio. Junqueras denuncia un complot del capital contra la independencia. ¿Si la independencia es el paraíso, por qué las empresas son más que reticentes a ella? Y, si las empresas, ya muy tocadas por la crisis, van a peor, el conjunto de ciudadanos, aunque no sean empresarios, sufrirán las consecuencias.

Hasta ahora, en el debate político catalán sobre los efectos económicos de una hipotética independencia solo se ha oído propaganda. Poco más que el latiguillo de "España nos roba". Los partidos de la oposición apenas han respondido con argumentos. Incluso muchos sectores economicos han permanecido en silencio, en parte por miedo al poder, y también porque se les ha hecho creer que todo el proceso no es más que una estrategia para mejorar la financiación (teoría de los juegos).

Sin embargo, al margen de lo que finalmente ocurra, el debate es imprescindible. Seguramente, son muchos los que no alterarán su posición en función de los argumentos económicos, pero los ciudadanos tienen derecho a una información veraz, completa y plural. Si algún día tienen que decidir sobre la independencia de Cataluña, deben tener toda la información sobre la mesa, y no solo eslóganes o quince días de campaña electoral. Es mucho lo que está en juego y todo el mundo, salvo los aventureros, debería abogar por una decisión reflexiva.