Retiros dorados a hurtadillas

Joaquín Romero
6 min

El escándalo de los retiros dorados del Parlament pone sobre la mesa un problema más grave que los 1,7 millones de euros que la Cámara gasta cada año para que 21 de sus empleados cobren sueldos magníficos sin trabajar o los que costará mantener a los 62 funcionarios que ya se han apuntado al chollo. Cometeríamos un error si nos acercáramos a este tema con el temor a generalizar, con la presión de lo políticamente correcto o cualquier otra consideración que impida ir al fondo del asunto.

Y el fondo del asunto es un vicio arraigado que alimenta el peligroso populismo antipolítica. No fue un partido ni dos, tampoco el bloque independentista o el constitucionalista, o las izquierdas y las derechas. Fueron, y han sido, todos durante 14 años. Y cuando un medio de comunicación, el diario Ara, se ha puesto a indagar, la institución en bloque se ha esforzado por torpedear la información, una exhibición de opacidad que no hace sino corroborar la complicidad institucionalizada para ocultar algo inconfesable.

No fue un error que se produjo en 2008, ni mucho menos. Las explicaciones de estos días, empezando por la propia Laura Borràs, que ha salido trasquilada en su intento de endosar el marrón a sus socios republicanos, y terminando por Ernest Benach, presidente en el momento de autos, que ha tratado de pasar página con un “lo siento, nos equivocamos; no volverá a suceder”, lo ponen en evidencia.

Joan Carles Gallego, diputado de En Comú Podem, histórico sindicalista de CCOO y hombre libre de toda sospecha, habla de una situación “socialmente no aceptable” y de la necesidad de preparar un plan de jubilaciones para estos funcionarios. Pero, ¿por qué se les debe crear un sistema especial de retiro? ¿Acaso está en crisis la Cámara, han bajado sus ingresos? ¿Es que la gente de 60 años no puede trabajar ocho horas diarias al ritmo de una institución con largos periodos de inactividad? Gallego ha asumido el mundo y los valores endogámicos de la clase política profesional. Como ha hecho la CUP, que trata de vincular la polémica a una mera negociación colectiva.

Benach se equivoca mucho cuando dice que hay que mirar con las gafas de 2008, no con las de 2022, para analizar con rigor ese acuerdo hecho a hurtadillas. En agosto de 2007 estalló la burbuja de las subprime en Estados Unidos y durante los 12 meses siguientes la crisis no hizo más que crecer: caídas empresariales y contagios financieros hasta que el lunes 15 de septiembre de 2008 Lehman Brothers protagonizó la quiebra más importante de la historia. Las fotografías de sus empleados abandonando la sede corporativa con sus pertenencias en cajas de cartón dio la vuelta al mundo y fue la portada de ese martes en toda la prensa española.

El acuerdo del Parlament es de julio del 2008, apenas dos meses antes del estallido de Lehman Brothers. Era tan vergonzante como ahora parece, y por eso se ocultó.

En lo que sí tiene razón Benach es cuando relaciona las prebendas con las retribuciones de los propios parlamentarios, porque es ahí donde está el origen del problema, unas nóminas complejas construidas por multitud de conceptos y rodeadas siempre de oscurantismo. ¿Qué sentido tiene que aún hoy haya gratificaciones por desplazamientos de los diputados que no tributan? Un empleado no puede deducirse los gastos de transporte, algunos autónomos tampoco. La gente de a pie da cuenta al fisco de los pagos en especie, como el coche de empresa. ¿Cómo es posible que la presidenta del Parlament, que vive en Barcelona, tenga una indemnización en concepto de transporte de casi 2.000 euros mensuales? Dispone de chófer y coche oficial. Seguro que no será el mismo Audi 8 en el que Benach hizo unas reformas para ponerse una tele y una mesa, y trabajar así más cómodo en los trayectos entre el Parlament y su residencia de Tarragona.

Ahora sabemos que el TSJC instó dos veces a la Cámara a que acabara con una situación “privilegiada” de “gran repercusión económica”. Como sabemos que el sindic major de la Sindicatura de Comptes, Jaume Amat, se dirigió en dos ocasiones a la institución para que terminara con el escándalo: su gente quería acogerse a esos privilegios y él había calculado que en 10 años un tercio de la plantilla podría disponer del chollo con un coste de 15,6 millones para la institución. La Cámara guardó un silencio culpable.

El Parlament representa la voluntad de los ciudadanos, pero no está por encima de la ética y la dignidad política, como tampoco lo está de los tribunales por más diputados que insistan en ello.

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¿Quién es... Joaquín Romero?
Joaquín Romero

Periodista desde 1975. Fue redactor de Tele/eXprés y El Correo Catalán, entre otras publicaciones. Ha sido redactor jefe de El Periódico de Catalunya entre 1994 y 2014. También ha sido director de Crónica Global.