El Gobierno estudia la introducción de algunas modificaciones en el sistema público de pensiones con el objetivo de garantizar su futuro y cumplir así con las recomendaciones que la Comisión Europea viene haciendo a España desde hace décadas. Un año antes de nuestra incorporación a la Unión Europea, el Ejecutivo de Felipe González amplió el periodo de cálculo de las jubilaciones de dos a ocho años. O sea, que hasta 1985 la Seguridad Social establecía la pensión de los nuevos jubilados a partir de las bases de cotización de los últimos 24 meses que habían estado en activo; además, el periodo mínimo de cotización para tener derecho a recibirla era de 10 años.

Visto desde 2020, era una situación claramente insostenible. Respondía a un país lastrado por la economía sumergida y el fraude fiscal, en proceso de salida del subdesarrollo. Han pasado 35 años --el equivalente a una carrera laboral completa-- y aún no hemos culminado ese camino hacia la normalización. Sería exagerado decir que nos hemos dado prisa.

En 1997, el Gobierno de José María Aznar llevó el periodo de cálculo a los últimos 15 años de vida activa. 18 años después, José Luis Rodríguez Zapatero decidió subirlo a los últimos 25. Y, ahora, José Luis Escrivá y Nadia Calviño intentan que sea de 35, a un paso de toda la vida laboral, que sería lo lógico y natural en un país moderno.

Las filtraciones de algunos miembros del Gobierno de coalición tratan de poner a la opinión pública en contra de esta medida con dos fake news.

La primera consiste en decir que los últimos años de la vida laboral de una persona son los mejores y que todo lo que sea ampliar hacia atrás el periodo de cálculo implica una reducción de la cuantía de la pensión. Eso podría ser cierto para periodos de bonanza, pero no para épocas de crisis como la que hemos vivido entre 2008 y 2014, ni para la provocada por el coronavirus; tampoco es aplicable a trabajadores de empresas que hayan reducido sus plantillas con jubilaciones anticipadas, como sucede en casi todas las grandes y en algunas del sector público.

De hecho, por más que se han esforzado los distintos Gobiernos, la edad media real de jubilación está anclada en 64 años y cinco meses desde hace tiempo, cuando la oficial y obligatoria ahora mismo es de 65 años y 10 meses. Esa prejubilación supone una penalización media de casi el 10% en la paga.

Para las personas que dejan el trabajo antes de la edad reglamentaria, calcular su pensión en base a los últimos 35 años en lugar de 25 puede ser beneficioso en función de su historial laboral.

La segunda fake es la que da por hecho que la ampliación del periodo de cálculo supondrá un recorte del 5,5% para las nuevas prestaciones. En el caso de que sea aprobada en 2021, esa disminuación no se produciría hasta 2031. El efecto en el primer año de su aplicación no pasaría de un 0,5% y de un 1% en el segundo. De hecho, en 2022, cuando sea efectivo y completo el paso de los 15 a los 25 años, se habrá consolidado un descenso del 5,5% nominal entre la primera paga de un recién jubilado en 2023 y la primera de otro que lo hubiera hecho en 2010.

“En política hay enemigos, enemigos mortales y compañeros de partido”. Es una frase atribuida a Konrad Adenauer, legendario político alemán y uno de los padres de la Unión Europea. Quizá habría que completar la sentencia: “En política hay enemigos, enemigos mortales, compañeros de partido y socios de Gobierno”.