Las primeras propuestas del Gobierno de Pedro Sánchez para tratar de “normalizar” (sic) la situación creada por el nacionalismo en Cataluña confirman los peores augurios.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha planteado una reforma constitucional en clave federal (lo que, traducido, significa mayor autogobierno para la Generalitat y mayor asimetría entre CCAA) y/o recuperar artículos del Estatuto que fueron declarados inconstitucionales mediante leyes orgánicas.

Pero este plan de reformas, al contrario de lo que sostiene la dirigente del PSC, no es ni “urgente”, ni “viable”, ni “deseable” por diferentes motivos.

El primero, porque los propios independentistas han dejado claro por activa y por pasiva que el Estatuto es una “pantalla pasada” que no les saciará. Después de dos referéndums secesionistas ilegales (9-N y 1-O) y dos declaraciones unilaterales de independencia (10 y 27 de octubre de 2017) solo se conformarán con la secesión o con un referéndum independentista pactado. De hecho, no dejan de insistir en que no han renunciado a la unilateralidad ni a la desobediencia.

El segundo, porque es profundamente injusto premiar a quienes han actuado de forma desleal y saltándose la ley de forma sistemática y premeditada. Y las reformas propuestas pretenden eso: conceder algún rédito a los que han perpetrado el mayor desafío al que se ha enfrentado España desde el 23-F o desde el levantamiento fascista de 1936.

El tercero, porque ofrecer más autogobierno a los que se han conjurado para alcanzar la secesión por las buenas o por las malas solo implica darles más instrumentos para que, en la próxima ocasión que lo intenten, tengan más posibilidades de tener éxito. Y no cabe duda de que lo harán, pues los principales dirigentes independentistas han avanzado que su estrategia pasa por buscar “oportunidades” y crear el “momento” para volver a la carga.

El cuarto, porque la estrategia del contentamiento (40 años de cesiones en el modelo territorial) nos ha conducido a la situación actual, por lo que tal vez convendría cambiar de fórmula si queremos llegar a un resultado diferente.

El quinto porque los que tienen motivos reales de queja en Cataluña no son precisamente los nacionalistas, sino los que no lo son. Lo que sería “deseable” corregir de forma “urgente” en Cataluña es la inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán (que sigue aplicándose impunemente pese a que los tribunales han declarado reiteradamente que es ilegal); el adoctrinamiento nacionalista en los colegios públicos, o el uso partidista a favor de los separatistas de las administraciones, de los medios y del espacio públicos… entre otros muchos aspectos que hacen que los catalanes no nacionalistas no disfrutemos de la condición de ciudadanos libres e iguales al resto de los españoles en derechos y obligaciones.

Y el sexto, por una cuestión meramente democrática: los ciudadanos españoles no quieren mayor descentralización, sino mantener la actual o incluso reducirla. Casi un tercio de los españoles (el 28,6%, según el último Barómetro del CIS, de marzo pasado) prefiere que las CCAA tengan menos competencias o sean suprimidas, frente a una quinta parte (21,3%) que quiere que tengan más competencias o puedan incluso independizarse. Y la mayoría (38,1%) opta por no tocar el modelo territorial actual. Se habla habitualmente de buscar el “encaje de Cataluña” en el conjunto de España para justificar un mayor autogobierno de las CCAA, pero ¿acaso no habría que procurar “encajar” también a ese tercio de los ciudadanos del país que piden menos autogobierno para las CCAA?

Señora Batet, en España no hay una crisis territorial, hay una crisis nacionalista. Escuche al exministro socialista de Justicia e Interior y magistrado Juan Alberto Belloch cuando advierte de que los independentistas “no se van a conformar con nada, ni con la reforma de la Constitución, ni con la propuesta de un modelo federal".

Usted, que, además de política, es una persona que procede del mundo de las leyes, tome nota de lo que le dice el prestigioso juez cuando asegura que “el problema del separatismo ahora, tal como está planteado, solo lo arregla los jueces y la Guardia Civil”.

Señora ministra, sea sensata y no desprecie los consejos de Belloch cuando pronostica que será “inevitable” la aplicación de un nuevo 155 pero más amplio y de mayor duración.