Hace unos días, el magnate independentista Jaume Roures difundió una serie de informaciones en las que se insinuaba que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) había estado al corriente de los atentados yihadistas que preparaba un grupo de muchachos de Ripoll.

Miembros de la Generalitat encabezados por su presidente se sumaron a la campaña contra el Estado, el término que los independentistas usan para referirse a España, a la Administración central, al Gobierno, a Madrid (en una palabra, a sus enemigos). Reclamaban información sobre la conspiración anti-referéndum de la que los atentados del 17A formarían parte.

El autor de los reportajes fue requerido inmediatamente por los medios públicos catalanes y también por los subvencionados. El periodista apenas pudo librarse de quienes le entrevistaban y querían poner en su boca lo que él solo daba a entender, pero no podía asegurar: carecía de pruebas para sostener ni siquiera las insinuaciones de connivencia entre la inteligencia española y el 17A.

Esos medios, como muchos políticos independentistas y los miembros más tontos del Consell Executiu de la Generalitat, insistían en pedir explicaciones a Madrid. Lo siguieron haciendo cuando en su última entrega Público afirmó con toda rotundidad que el CNI había borrado los antecedentes policiales del imán de Ripoll, el cerebro de la trama, para eliminar cualquier pista que le conectase con los servicios secretos españoles, una información muy fake habida cuenta de que todos los medios de comunicación habían hablado de esos vínculos apenas unas semanas después de los atentados.

Parte de esa campaña orquestada desde Público consistía en poner en evidencia a los medios de comunicación traidores que no se hicieron eco del nuevo capítulo del serial de las cloacas del Estado, made in Mediapro. La Vanguardia, diario que en otro momento de su historia quizá se hubiera sumado ciegamente a la difusión de las sospechas, se dio por aludido --muchos de sus lectores le pidieron explicaciones-- y anunció que indagaría sobre el asunto.

Ayer publicó el resultado de su investigación. Los antecedentes del imán nunca fueron borrados de los archivos policiales. Los Mossos d’Esquadra hicieron un primer atestado judicial señalando que no les constaban datos del personaje --Abdelbalky es Satty--, pero posteriormente rectificaron ante el juez: se habían equivocado porque solo consultaron sus archivos, no los de las otras agencias policiales a los que tenían acceso.

Cometieron el mismo error de soberbia (incompetencia) un año atrás, cuando respondieron a las peticiones de información desde Bélgica sobre Es Satty: connais pas. Habían construido estructuras de Estado propias y, en consecuencia, podían prescindir de las de España. Y así nos ha ido en todos los terrenos.

Pero los Mossos d’Esquadra habían informado en el Parlament a puerta cerrada --en la comisión que investiga los atentados-- de su tremendo error y de su posterior rectificación. Es decir, cuando Torra acusaba a los servicios de inteligencia españoles de dejar hacer a los terroristas del 17A chupando rueda de las tesis de Roures sabía que era falso, que la policía autonómica se había equivocado y que, por dejación o por incompetencia, había fallado en la misión de su lucha contra el terrorismo, incluso el local.

La información de ayer de La Vanguardia ha sido ignorada por los medios nacionales catalanes --públicos y concertados--, incluso por el Govern. Interrogada su portavoz al respecto, solo supo referirse a la necesidad de transparencia en la vida política, tratando de soslayar groseramente el grave insulto que supone para los ciudadanos de Cataluña que su Gobierno dé muestras de tamaña incompetencia y sectarismo en un asunto tan grave como el de agosto de hace dos años, cuando unos chicos de Ripoll asesinaron a 16 personas en el corazón de Barcelona en nombre de Alá.