Fin de los peajes, ¿fin de la indignación?

Cristina Farrés
6 min

El próximo miércoles a las 00.00 horas los peajes estatales de Cataluña levantarán barreras. Se acaba la prórroga del Covid que el Gobierno dio a las dos concesionarias de Abertis que explotan desde hace años las autopistas AP-7, AP-2, C-33 y C-32 en la constatación del profundo cambio del modelo de explotación de unas infraestructuras claves en el país. El que defendió el ahora exministro José Luís Ábalos ya en el primer ejecutivo de Pedro Sánchez.

La iniciativa ha generado controversia desde que los 84 kilómetros de la AP-1 que unen Burgos y Álava pasaron a ser gratuitos tras décadas de concesión a finales de 2018. No por el cambio de régimen de explotación en sí, sino por los tintes populistas del discurso que el antiguo titular del Ministerio de Transporte y Movilidad esgrimió. Sacó pecho de que se acababa con el pago por usar la autopista, pero no brindó ni nadie del Ejecutivo ha brindado una alternativa a que el mantenimiento de las vías corra a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.

Tras la desaparición de los peajes catalanes, más de 600 kilómetros de red viaria pasarán a ser gratuitos para los conductores que circulen por ellas. Otros 620 kilómetros ya se han liberalizado en los últimos cuatro años. Cabe destacar que de los 948 kilómetros que forman la Autopista del Mediterráneo, una de las que soporta más volumen de tráfico en Europa, especialmente por el transporte de mercancías, solo serán de pago 318. La circunvalación de Alicante, el enlace de esta zona con Murcia, la ruta Cartagena-Vera y los tramos que discurren dentro de la provincia de Málaga.

¿Levantar barreras es justo para la ciudadanía? Que la gestión y mantenimiento de las infraestructuras corran a cargo de las cuentas públicas de forma directa, no. ¿Deben pagar por ellas los que ni siquiera tienen carné? España ha sido un país que durante años fue ejemplo de la concertación de servicios a nivel europeo y las infraestructuras de tráfico rodado forman parte de esta colaboración público-privada. La diferencia en la calidad del servicio está clara para todos los que han cruzado la frontera de La Jonquera y han experimentado cómo es la AP-7 francesa a partir de allí.

Con todo, las prórrogas de las concesiones han sido en ocasiones arbitrarias. El primer tramo de peaje de la Autopista del Maresme, por ejemplo, se inauguró en 1969 (es el peaje más antiguo del país). Desde entonces, ¿cuántas veces los vecinos de la zona han pagado su construcción? ¿Qué rentabilidad exacta ha generado esta vía a su explotadora? El rechazo ciudadano ha sido frontal y el levantamiento de barreras se celebrará con cava.

Pero sigue abierta la cuestión de quién costea ahora las vías. Los grandes de la logística rodada internacional serán los principales beneficiados de que el grueso de la AP-7 en España sea gratuito. Los vehículos pesados son los que más desgaste generan en las vías. ¿No sería lógico que sí tuviesen que pagar para circular por ellas?

Solo la Generalitat catalana ha abordado de forma abierta el debate de la introducción del modelo de la viñeta u otro análogo para evitar que sea el conjunto de la ciudadanía el que asuma un gasto que no es precisamente menor. Y lo hace porque tiene un problema mayúsculo. A partir del 1 de septiembre se convertirá en la casera de los peajes más caros de España y, a corto plazo, no cambiará la concesión. El Govern ha hablado de modificaciones a dos años vista, pero este discurso se debe analizar más desde el punto de vista electoral que desde la planificación real de la gestión de infraestructuras.

El desgaste político de mantener los peajes es tal que el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró (JxCat), planteó este sábado que el Gobierno asumiese los 4.000 millones del rescate de las tres vías de alta velocidad de pago que quedarán en Cataluña a partir del miércoles --Túnel del Cadí, Túneles de Vallvidrera y la C-32 sur-- y asumiese su gestión. Es decir, que el mismo político que exige que el ministerio transfiera a la Generalitat la gestión del tramo autonómico de Renfe reclama que el Estado centralice infraestructuras viarias. Toda una contradicción en la que se refleja la impopularidad del modelo que ha estado vigente hasta la fecha.

La ciudadanía aplaudirá que se levanten las barreras. Los conductores no tendrán que abonar nada al circular por ellas, pero tanto los que usan el vehículo privado como los que no las mantendrán de forma directa con sus impuestos. ¿Producirá la misma indignación?

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¿Quién es... Cristina Farrés?
Cristina Farrés

Periodista. Especialista en economía. Directora de Crónica Global desde el 1 de enero de 2020.