Incluso en pleno estado de alarma el sistema sanitario español no funcionaba al unísono, a las órdenes del ministro/a de turno. Había suficiente margen de maniobra como para convertir la lucha contra el Covid en un campo de batalla a la vista de todos. En realidad, es nuestra forma de hacer política.

Hace un mes, el anuncio del fin de aquella excepcionalidad levantó las protestas de comunidades autónomas que se resistían a tomar las riendas y situarse en la vanguardia, en la primera línea. Primero se habían quejado de la centralización que implicaba el estado de alarma y, después, de la descentralización. Muy español.

Ahora que la Administración central trata de poner en marcha las medidas para controlar la desescalada, algunas autonomías protestan y se resisten a las recomendaciones, una reacción que la titular de Sanidad, Carolina Darias, no hace más que excitar con sus torpes intervenciones públicas. (Cómo echo de menos a aquel exasperante Salvador Illa que elogiaba cada tarde el comportamiento de las comunidades autónomas, cuando a la vista de todos brillaba el uso torticero y político de las muertes por Covid desde tantos rincones de España).

Sin entrar en mayores valoraciones de las medidas del Consejo Interterritorial de Sanidad, esa especie de órgano de gobierno federal, se puede coincidir a grandes rasgos en que trata de apretar el cinturón para que no se repita el desastre del verano pasado.

¿Por qué la Comunidad de Madrid habla con tanto desparpajo contra esas disposiciones, incluso antes de que se publiquen y sean oficiales? ¿Por qué se suma el País Vasco, incluso Andalucía? ¿Cómo es posible que Baleares también se oponga, sin bronca política, pero en sentido contrario?

Veamos. Hasta la fecha, el 7,8% de la población española ha contraído el virus del Covid; y 80.099 personas han fallecido, o sea el 2,2% de los contagiados. Son unos datos sencillos que permiten establecer una media para comparar el impacto de la pandemia en cada territorio y, quizá, la eficacia de esos servicios sanitarios descentralizados.

La Comunidad de Madrid abandera una revuelta que intenta tapar los datos reales tras la cortina de humo del empleo en la hostelería, de las cañas de cerveza y del gran triunfo electoral que supuso enfrentar libertad y sanidad. En ese territorio viven el 14,3% de los españoles, pero acumula el 20% de las infecciones y, según los datos oficiales, el 21,3% de las muertes. Si atendiéramos a la cifra que incluye la sanidad mortuoria en centros de salud y otros lugares sin especificar, el porcentaje de los muertos en Madrid se eleva al 30% del total: 17 puntos por encima de lo que en teoría le corresponde por su población. Un escándalo.

El Gobierno vasco --que es de coalición PNV-PSE/PSOE, aunque no lo parezca-- ha olido sangre al paso de Pedro Sánchez, quizá por el lastre de los indultos y se ha sumado a ese frente antiprudencia. Euskadi concentra el 4,7% de la población española, pero ha registrado el 5,4% de las infecciones y el 5,6% de los muertos por la pandemia. Cifras que evidencian que el 9% de los vascos se han contagiado --frente al 7,8% de la media nacional-- y que el 2,23% de quienes han enfermado no han podido sobrevivir, una tasa ligeramente por encima de la del conjunto de España, donde no ha superado el 2,2%.

¿Es decente desde el punto de vista social que Vitoria se ampare en cuestiones competenciales para no entrar en el debate real de qué se debe hacer para evitar una segunda temporada nefasta para la industria turística española? No, no lo es.

El turismo supone el 6% del PIB del País Vasco, menos de la mitad de la media nacional, algo que puede ayudar a entender la repentina rebelión del PNV contra las medidas conservadoras que ha defendido la Administración central y la mayoría de las comunidades autónomas.

Baleares solo concentra el 2,5% de la población española, y acumula apenas el 1,6% de los contagios. Es más, los fallecimientos están por debajo de esa proporción: 1,04% del total. Y equivalen al 1,4% de los infectados, frente al 2,20% de la media española, al 2,23% del País Vasco y al 2,33% de Madrid.

Puede que para entender todo este lío de cifras y proporciones convenga tener en cuenta que el 42% del PIB de Baleares está relacionado con el turismo, un dato que obliga a sus autoridades a la prudencia y a no traducir la lucha contra el Covid en una pelea contra el Gobierno central, al margen de que en este caso haya coincidencia ideológica. Palma de Mallorca lo ha entendido a la perfección. Tanto que el Tribunal Supremo ha tenido que frenar sus planes de controlar unas libertades de ocio que pueden facilitar los contagios y perjudicar el modus vivendi colectivo.

Sin pasión, sin ideología, hay que concluir que nos hemos acostumbrado tanto a las cifras diarias de muertos, como antes lo hicimos con los accidentes de carretera o con la epidemia del SIDA. El único dato objetivo es el peso del turismo en la economía de cada territorio. Tan real como tremendo.