Sostiene Salvador Illa que Cataluña no regresará a la normalidad hasta que el Gobierno de la Generalitat, de la composición partidaria que sea, deje de ser independentista. Solo esa circunstancia permitirá recomponer los puentes rotos, las fracturas nacidas del procés y devolverá la actividad institucional del país a verdaderos cauces democráticos.

Sorteando las distancias entre una cosa y otra, en el marco de la representatividad empresarial se juega una partida similar. Además de la histórica y potente patronal Fomento de Trabajo, en la región coexisten otra patronal de pymes (Pimec) y las organizaciones camerales. En todo el territorio hay 12 pequeñas cámaras de comercio entroncadas con su historia económica local y una grande, la de Barcelona, con un peso específico importante en términos de apoyo a las empresas.

El empresariado nunca ha jugado al secesionismo, aunque coqueteara durante los gobiernos de CiU con un nacionalismo de baja intensidad similar al que tan buenos réditos concede al Partido Nacionalista Vasco. Sin embargo, y pese a esa lejanía filosófica, dos organizaciones empresariales sí que se aproximaron de peligrosa manera al movimiento rupturista con el consiguiente arrastre de una parte de los industriales que representaban.

Pimec, por ejemplo, se tragó el derecho a decidir y estuvo entre los apoyos de la sociedad civil que compraron el catálogo de productos de Artur Mas en los inicios del procés, referéndum incluido. Su anterior presidente, Josep González, fue un pujolista convencido, pero del primer Jordi Pujol, aquel capaz de aceptar el premio de español del año de Abc y de contribuir a la gobernación a cambio de su particular peix al cove. Como otros tantos, luego derivó como CDC lo hizo en JxCat.

Pronto se cumplirán dos años desde que Antoni Cañete sustituyó a González al frente de Pimec. Los mismos independentistas que tomaron la Cámara de Comercio de Barcelona al asalto lo intentaron con la asociación de pymes, pero sin éxito. La ANC quería replicar en tantos ámbitos como fuera posible su entrada triunfal en la Cámara barcelonesa. El sistema de voto, algunas artimañas todavía poco contadas y la complicidad de una Generalitat que actuaba como administración tutelar hizo posible que Joan Canadell, primero, y Mònica Roca, ahora, ocuparan la presidencia del pleno de la corporación.

Cañete no es independentista. Durante años ha hecho un encomiable trabajo con la morosidad en España y ha esperado su turno a la sombra de González. Si hay que ponerle un pero es que, como sucedía con José Montilla, se haga perdonar su origen del Baix Llobregat y resulte demasiado tibio en las relaciones con las Administraciones Públicas, a las que en vez de sacudir y agitar hasta obtener rendimiento para sus representados, prefiere agasajar y rendir pleitesía sin que se conozca una actitud reivindicativa clara a favor del colectivo que abandera. Sus detractores le consideran poco valiente, que juega siempre a tener el balón, a marear al contrario, pero sin disparar a puerta. Que se le acuse de jugar al empate tampoco es la peor crítica que podía recibir. De hecho, esa actitud es muy catalana en esencia.

Tanto Pimec como Fomento del Trabajo habían convenido hacía meses la importancia de las próximas elecciones a las cámaras de comercio. Las dos patronales juntas tienen muchas más posibilidades de evitar que la ANC revalide la victoria. Tendrán una ventana de oportunidad para transformar la corporación empresarial en un mecanismo moderno y abandonar la triste caricatura que es hoy gracias a sus rectores secesionistas. Sin embargo, Cañete ha comenzado su desmarque por la banda, pero sin garantías de llegar a la meta contraria: a modo de globo sonda preparan una lista propia para optar a la Cámara con el empresario Emilio Rousaud como posible cabeza de lista.

Que la unidad empresarial salte por los aires tampoco es novedad. Las peleas entre la patronal histórica que hoy lidera Josep Sánchez Llibre y la de pymes acumula décadas de agitación, en las que no han faltado pleitos de disputa por la representatividad, o para ser más prosaicos una lucha por los fondos públicos que la Generalitat distribuye entre los agentes sociales catalanes. Siempre había, en cambio, una línea subyacente de acción conjunta relativa a la fiscalidad o a las grandes políticas económicas que, con las salvedades propias de cada organización, son casi miméticas para el empresariado, sea cual sea la dimensión de sus empresas.

Si estos movimientos desembocan por fin en un disenso frente a la Cámara de Comercio de Barcelona lo más probable es que se repita la última catástrofe cuando Ramón Masiá, Enric Crous, Carles Tusquets y Eines de País (ANC) se presentaron. Los tres primeros se disputaban sus personalismos, la pureza independentista o constitucionalista y la vinculación con el empresariado mientras la ANC, silente, tomaba el control por la puerta trasera.

Fomento y, sobre todo, Pimec deben medir muy bien cuál es la estrategia más sensata para impedir que una institución como la Cámara de Barcelona siga sometida a intereses políticos y renuncie a su utilidad empresarial. Si la falta de unidad, los egoísmos o, sencillamente, las ansias de parcelas de poder lo hacen inviable serán responsables directos de la aniquilación final de la entidad que quería ser un parlamento empresarial.

Su responsabilidad como líderes de una sociedad civil demasiado politizada les obliga a ponerse de acuerdo y guardarse el anhelo de micropoderes para mejor momento. Mientras se persigue la normalidad a la que alude Illa en su planteamiento, la permanencia de islotes rupturistas complica aún más el paulatino retorno a la Cataluña que fue y por la que empieza a sentirse una añoranza generalizada tanto dentro como fuera de la región.