El papel de Andorra en el ‘caso BPA’

Cristina Farrés
10 min

Los tribunales andorranos han llamado a declarar esta semana al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, al que fue su ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Lo hace en el marco del caso BPA y para medir la importancia que tuvo la operación Cataluña en la desaparición de uno de los cuatro grandes bancos del país de los Pirineos, el que era propiedad de la familia Cierco.

Este medio publicó todo el proceso, citando a los Pujol y a Mas, sin presentarlos como víctimas, sino como objetivos políticos de oscuros círculos policiales. El mundo independentista, que entonces miró hacia otro lado, muerde ahora el anzuelo de esas imputaciones de artificio. Incluso ha llegado a poner al Principado como ejemplo de democracia plena por ir hasta el fondo en esta investigación. Unas declaraciones que carecen de cualquier tipo de fundamento, ya que si algo ha hecho Andorra --el Gobierno y los grandes actores del país-- desde que EEUU emitió el 10 de marzo de 2015 la famosa notice que acabó con la entidad es marear la perdiz para esconder los motivos reales que llevaron a la desaparición de Banca Privada d’Andorra (BPA) y su filial en España, Banco Madrid.

El caso es apasionante para todos lo que lo hemos seguido desde hace años y hay mucho espacio para una policía patriótica que actuaba más como Mortadelo y Filemón que como una unidad que se deba tomar en serio. El propio Higini Cierco denunció en 2016 ante la justicia andorrana que había sufrido presiones por parte de la policía española. Le exigía información no solo la familia Pujol, también de Artur Mas, Oriol Junqueras y de sus respectivas familias.

Por ello recurrieron al profesor de Derecho Penal José María Fuster-Fabra para que les asesorase y señalaron de forma directa al comisario jefe del departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional, Marcelino Martín Blas; al director adjunto operativo, Eugenio Pino; al agregado de Interior en la embajada de España en Andorra, Celestino Barroso, y a su predecesor, Bonifacio Díaz. Les dieron aquella información, pero sospechan que querían más y que por eso acabaron con su negocio.

Todo ocurrió hace ocho años. Los Cierco les acusaron de haberles extorsionado y explicaron que recibieron una amenaza clara: si no colaboraban con sus investigaciones (chapuceras, tal y como se ha demostrado) se iban a quedar sin banco. E incluso hablaron del FinCen, el organismo del tesoro estadounidense que se dedica sin demasiado éxito a perseguir el lavado de dinero internacional y que emitió la notice de 2015. Un documento que, después de una larga lucha en los tribunales, fue retirado por los errores de su ejecución. Aun así, la reparación llegó años después de la desaparición del grupo financiero.

Fue un primer éxito de los Cierco en los tribunales, pero no el único. La Audiencia Provincial de Madrid decidió en 2019 archivar de forma definitiva la causa abierta contra la antigua cúpula de Banco Madrid por blanqueo de capitales. Retiró todos los cargos contra Ricard Climent, Higini Cierco, Ramón Cierco, Joan Pau Miquel (ex-CEO de BPA que pasó 22 meses en prisión provisional y otros tantos de arresto domiciliario) y José Pérez, y sentenció que, aunque había cosas mejorables en el control interno, nada hacía pensar que la entidad se hubiera convertido en una lavadora de dinero internacional.

La última victoria que les queda pendiente a los antiguos accionistas mayoritarios de BPA se libra en los tribunales del Principado. Poner la guinda en el pastel será complicado. Que hayan sido llamados a declarar tres pesos pesados de un PP que ya no existe no supone una victoria para sus pretensiones, tal y como se advierte desde Andorra. Implica enredar y quizá les da argumentos para defender la teoría de que se quedaron sin un grupo financiero en expansión por una batalla política. Pero quizá no en la dirección que pretendían los damnificados.

Y es que la operación Cataluña tapa un hecho que saca los colores de los andorranos: el papel que jugó el Gobierno de Antoni Martí y Jordi Cinca en el caso BPA, tanto en la previa como en la gestión de la crisis y su resolución. Cabe recordar que, años después, el que fue secretario de Estado de Comercio con Rajoy y expresidente de Aena, Jaime García-Legaz, afirmó en una grabación casera que el Ejecutivo del Principado dejó caer el banco por una simple operación de lavado de imagen del país.

Es decir, que el Gobierno del Principado fue pasivo ante los avisos de EEUU de que iba a cortar el acceso a los dólares (lo equivalente a forzar la quiebra) con el objetivo de demostrar que Andorra no era un paraíso fiscal opaco y que colaboraba con la justicia. Y que, además, la castigada era una entidad que no era de los suyos, con intereses de las familias que forman parte de los Demòcrates per Andorra.

No dice mucho a favor de Martí y Cinca que a principios de 2019 se filtrasen los correos electrónicos que mantenía el FinCen con la directora del Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF) de la época, Maria Cosan. Se trata de documentos analizados en los tribunales estadounidenses en los que se mostraba la proximidad de la ejecutiva con los responsables de ese organismo meses antes del bloqueo. ¿Tanta buena relación no sirvió para facilitar toda la información necesaria y evitar la caída de BPA? Esta es la pregunta que se hicieron en ese momento los Cierco. Más aún cuando la notice de 2015 se retiró años después.

En el Principado, el Gobierno activó una macroauditoría de las cuentas de BPA tras tomar el control de la entidad que, en el fondo, pretendía justificar su intervención. Se pagó una cifra millonaria, equivalente entre el 5% y el 6% del presupuesto anual del país, y el resultado no gustó ni a quien la había encargado. A pesar de que PWC mandó un ejército de consultores al territorio, solo encontró un 3% de clientes sospechosos de blanqueo. Con el paso del tiempo se demostró que la mayoría de ellos no eran criminales, sino que su documentación era incorrecta.

Eso sí, el exministro Jordi Cinca intentó fichar por la oficina de la consultora en Barcelona años después. El político, que está implicado en una causa que investiga el tráfico de diamantes de sangre, lo anunció a sus allegados. La dirección europea de la multinacional abortó finalmente la incorporación por los riesgos de reputación para la propia PWC que conllevaba.

Pocos meses después de este mazazo, Cinca recibió otro del nuevo Gobierno de Andorra --Demòcrates, Lliberals y Ciutadans Compromesos--. Anunció que ponía en marcha un proyecto de ley para regular las posibles quiebras de bancos del país para “minimizar el impacto negativo de una nueva posible quiebra”, “blindar en lo posible la actividad” y, aunque se decía con la boca pequeña, evitar que se repitieran errores del pasado. Además, el nuevo presidente, Xavier Espot, ha marcado distancias con su predecesor en el cargo y su equipo de confianza.

Andorra investiga a Rajoy, Fernández Díaz y Montoro, pero lo hace para escurrir de nuevo el bulto de las responsabilidades propias en el caso BPA. Para esconder qué ocurrió en el país entre los últimos meses de 2014 y los primeros de 2015; qué papel jugó EEUU y qué movió a Martí y Cinca a dejar caer la entidad. Hasta la fecha, la única perdedora clara de esta batalla ha sido la familia Cierco. Se han dejado bastante más que los Pujol, los Mas e incluso que esa imagen de Cataluña que algunos quieren construir ahora.

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¿Quién es... Cristina Farrés?
cristina farrés autores peque

Periodista. Especialista en economía. Directora de Crónica Global desde el 1 de enero de 2020.