El Tribunal Supremo dijo en su día que los inversores institucionales que habían acudido a la OPS de Bankia en 2011 tenían posibilidades reales de saber si el folleto de salida a bolsa engañaba o no, mientras que los particulares estaban indefensos. En julio pasado rectificó y reconoció el derecho de una empresa que había puesto 3,5 millones de euros a recuperarlo todo, admitiendo así que incluso un inversor institucional fue víctima del engaño.

No son pocos los inversores institucionales que han renunciado a recuperar la apuesta. Mapfre, por ejemplo, ha dado por perdidos los 281 millones que puso sobre la mesa de Rodrigo Rato. Pero, claro, Mapfre era socia de Caja Madrid en el negocio asegurador, lo que de alguna manera le comprometía.

Solo una gran empresa se negó a salir en auxilio del nacimiento de Bankia, el BBVA. Fuera por desconfianza en los números presentados o porque Francisco González militaba en la facción del PP contraria al aterrizaje del expresidente del Gobierno en la entidad bancaria, o por las dos cosas a la vez, el caso es que fue la única que giró la cara cuando le pasaron el platillo.

Había consenso en que aquella solidaridad bancaria tendría un difícil retorno, pero la mayoría de los interpelados hizo de tripas corazón. Desde los 25 millones de Telefónica a los 100 de Caixabank, pasando por los 48 del Sabadell y los 157 del Santander.

La acción, que salió a 3,75 euros, no vivió ni un día de alegría: el mercado dio la espalda a la operación desde el primer minuto. Fue de mal en peor hasta que Deloitte se negó a firmar la auditoría de las cuentas de 2011, que según Rato se saldaban con beneficios. Después de ser rescatado, Bankia explicó que en realidad ese año había tenido unas pérdidas de 3.000 millones.

Luego se supo también que en el Banco de España, dirigido entonces por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, se había producido un cortocircuito y que el informe de la inspección alertando de gravísimas irregularidades en las cuentas de la entidad nunca llegó a las altas instancias del regulador. La CNMV también se cubrió de gloria al justificar su nihil obstat: Bankia había cumplido los requisitos informativos, otra cosa era la calidad de la información que facilitaba.

Ahora, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dice que la descripción de la acusación contra los 34 máximos responsables del desaguisado de “falsedad contable en concurso de normas con el delito de estafa a los inversores, brilla por su ausencia”.

En su opinión, el proceso de la salida a bolsa fue "intensamente supervisado con éxito por el Banco de España, la CNMV, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancario (FROB) y la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), contando en definitiva con la aprobación de todas las instituciones”. Si acaso hubo ocultación de la ruina, dice la magistrada ponente, no fue con mala intención.

La sentencia que conocimos ayer, nueve años después de los hechos y 12 meses después del juicio, rechaza de plano las acusaciones de estafa y falsedad. Amonesta a la fiscalía por no haber hecho los deberes, dando a entender poco menos que se ha inventado el caso y, en consecuencia, evita manifestarse directamente sobre el fondo del asunto.

No obstante, el redactor del fallo no puede evitar un pronunciamiento cuando alude a que en los folletos de la salida “se describen hasta 36 riesgos a la inversión en acciones de Bankia”, cuya descripción era "exhaustiva, clara y que cualquiera entendería”.

Unos 400.000 pequeños ahorradores, entre ellos numerosos taxistas clientes de Caja Madrid, pusieron el 60% de los 3.000 millones que captó la salida a bolsa. Posteriormente, Bankia ha llegado a acuerdos con la mayor parte de ellos, pero está claro que si fuera por la Audiencia Nacional no hubieran recuperado ni un duro. Y no se puede condenar a los responsables, si es que los hubiera, porque la fiscalía no sabe ni describir la acusación.

Una parte de los acusados, que se repartieron 12 millones en sueldos mientras la entidad se desangraba, ya han sido condenados por las llamadas tarjetas black. Rato tiene pendiente un proceso judicial para esclarecer la procedencia de su ingente patrimonio. Unos antecedentes que, a la vista de la sentencia, no han sido tenidos en cuenta por el tribunal que les juzgaba.

Los magistrados han estado más pendientes de tirar de las orejas a la fiscalía que de averiguar si hay indicios de la comisión de delitos; es inaudito. Los 22.422 millones que puso el Estado para reflotar Bankia se merecen algo más de atención y de respeto por parte de los servidores públicos de la Audiencia Nacional.