Esta semana se ha producido un hecho insólito. Alguien ha hablado bien del sistema público de pensiones; y no era del Gobierno. Era Lorenzo Amor, presidente de la patronal de autónomos ATA.

Enviaba un recado a sus afiliados: si cotizas el mínimo a la Seguridad Social, no te quejes después cuando cobres una pensión baja. Entre otras razones, porque el autónomo que contribuye con menos de 300 euros mensuales durante su vida activa hace un gran negocio: de media, recupera el triple de lo que ha aportado. Aunque, claro, la cantidad absoluta que recibe como jubilación no es suficiente para vivir. Y menos aún la que queda a su viuda.

Es un mensaje valiente e inteligente que sirve para enfocar el problema. El sistema español es comparable con la media europea y está por encima de muchos grandes países del continente. Es deficitario por definición, porque no solo los trabajadores por cuenta propia hacen un buen negocio con la Seguridad Social. También los empleados. El que cotiza por el máximo --3.751 euros al mes-- tiene derecho a una pensión bruta de 36.000 euros anuales, lo que significa que de media este pensionista rico cobra durante 9,6 años un dinero que no ha aportado: en el caso de los autónomos ese periodo es de 12 años.

O sea, el sistema es generoso y conviene conservarlo. Hablar así cuando las manifestaciones de pensionistas se suceden por todo el país y la demagogia campa a sus anchas hasta ocultar los verdaderos problemas de la previsión social --la sostenibilidad-- tiene mucho mérito.

Lo que resulta descorazonador es que en paralelo a esa contribución realista al debate el Gobierno nos eche un jarro de agua fría con una demostración de cinismo tan descarada como la que ha hecho al firmar el acuerdo sobre las pensiones con el PNV. Un PNV que lo aprovecha para decir que piensa en los jubilados de toda España como si nadie se hubiera dado cuenta del arraigo de la contestación en el País Vasco. La reconversión industrial de los 80 y los 90 dejó decenas de miles de prejubilados en Euskadi, sobre todo en las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa, con las secuelas que aquellos convenios especiales han dejado en las pensiones más antiguas.

La decepción por la insolvencia de nuestros gobernantes crece cuando después de actualizar las pensiones con el IPC, retrasar la entrada en vigor del factor de sostenibilidad y acelerar la subida de las retribuciones a las viudas les oímos decir que no creen en esas medidas y que en cuanto acabe 2019 --cuando hayan salvado la legislatura-- volverán al 0,25%.

¿Con qué autoridad se pueden sentar en el Pacto de Toledo y hacer propuestas serias para asegurar el futuro del sistema?