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Alejandro Tercero opina sobre el doble rasero de Montse Mínguez

Alejandro Tercero opina sobre el doble rasero de Montse Mínguez Fotomontaje CG / Diego Radamés - Europa Press

Zona Franca

Montse

"Resulta fascinante ver a Mínguez en televisión desgañitarse para explicar las bondades del negocio de viviendas de su pareja y, a la vez, leer en la web del partido del que es portavoz un editorial titulado 'La vivienda no es un negocio'"

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Si no fuera por las graves consecuencias que va a tener para los pequeños ahorradores y para las personas que busquen un piso de alquiler, lo del decreto de vivienda sería para reírse.

Hace un par de semanas, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, calificó a Urbagestión —la empresa familiar que desahució legalmente a Maricarmen— de “pyme buitre, muy carroñera”.

Días después, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, defendió la empresa de su pareja -Nest Capital, una inmobiliaria con decenas de viviendas que también desahucia a quien le impaga o a quien se le acaba el contrato- con el argumento de que es una empresa familiar que actúa dentro de la legalidad.

Resulta fascinante ver a Mínguez en televisión desgañitarse para explicar las bondades del negocio de viviendas de su pareja y, a la vez, leer en la web del partido del que es portavoz un editorial titulado La vivienda no es un negocio.

Hay quien reprocha a Mínguez su falta de coherencia. Quien le acusa de incurrir en la contradicción de pedirle a la gente que haga lo que dice, no lo que hace.

Pero no le falta razón a la portavoz. Comprar pisos para alquilarlos al precio de mercado no solo es un negocio legítimo y digno, sino imprescindible para que haya oferta de vivienda. Sobre todo para que puedan acceder a ella quienes no tienen capacidad de compra.

Lo de Mínguez demuestra que ni los dirigentes del partido de Sánchez se creen que el decretazo sea eficaz ni razonable, y que la medida solo responde al objetivo de evitar las fotos de otras Maricármenes durante algún tiempo. Un simple parche cosmético.

Legislar contra los intereses generales (tanto los de los pequeños ahorradores como de los inversores y de las personas que busquen vivienda) es criticable.

Pero hacerlo, además, contra los intereses propios (entre los cargos públicos socialistas —así como entre sus votantes— abundan los pequeños y grandes tenedores de vivienda) es de locos.