Un montaje de una foto de Xavier Salvador con una imagen de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada el pasado miércoles en Madrid, de fondo.
Maricarmen, el 15M de la vivienda y la farsa de la izquierda
"El desahucio de Maricarmen ha devuelto las tiendas de campaña a Sol y a la izquierda del PSOE la ilusión de un segundo 15M. Mientras, las administraciones siguen dormidas ante un país que cambió de forma hace décadas"
En 1956 el padre de María del Carmen Abascal firmó el contrato de alquiler de un piso en el Retiro madrileño. Allí vivió ella con sus padres, y allí siguió cuando murieron. Setenta años después, el miércoles pasado, una comisión judicial la sacó al cuarto intento. Tiene 87 años. El sábado por la noche un centenar largo de tiendas de campaña ocupaba la Puerta del Sol en su nombre.
La letra pequeña es menos épica que la pancarta. Maricarmen era segunda subrogada de un contrato de renta antigua, una figura que la ley de 1994 condenó a extinguirse. El Supremo dio la razón al propietario y lo demás fue cuestión de calendario. Aquella ley la aprobó un Gobierno de Felipe González con una premisa que el tiempo ha desmentido: que los inquilinos morirían antes.
Pedro Sánchez habló de “tragedia social”. Marx dejó escrito que la historia se repite dos veces, primero como tragedia y después como farsa. La tragedia la ha puesto una anciana en silla de ruedas. De la farsa se encarga la izquierda que vive a la izquierda del PSOE, que ha visto en Sol la ocasión de resucitar lo que las urnas llevan tiempo enterrando.
Pablo Iglesias ya compara a Maricarmen con Rosa Parks. Irene Montero pide expropiar 650.000 viviendas y rechaza negociar con Junts, cuyos votos hacen falta para aprobar el decreto que ella misma reclama. Sumar, que se sienta en el Consejo de Ministros, amenazó con no acudir al Consejo de Ministros. Protestar contra uno mismo tiene su mérito.
Cuando tuvieron las llaves, no les fue mejor. Ada Colau llegó a la alcaldía de Barcelona desde la PAH y aprobó reservar el 30% de cada promoción a vivienda protegida. Ocho años después, la medida ha dado 34 pisos, según fuentes municipales. Lo que sí consiguió fue que los promotores se fueran a construir a otra parte. Unidas Podemos y después Sumar han compartido Gobierno desde 2020 con la vivienda como bandera, y lo más duradero que han dejado es un escudo antidesahucios pensado para una pandemia y renovado a golpe de prórroga.
Y aquí está el nudo del asunto. España ha cambiado de forma mientras sus administraciones dormían. Maricarmen es, sin pretenderlo, el mejor ejemplo. En 1956 lo normal era que los abuelos acabaran sus días en casa de un hijo, y que una vivienda sirviera a tres generaciones. Hoy los mayores viven más y viven solos, a menudo en el piso donde criaron a unos hijos que se fueron hace treinta años. Nadie se lo reprocha. Pero cada uno de esos pisos es una vivienda que no vuelve al mercado en décadas.
El resto de la sociedad se ha ido partiendo en unidades cada vez más pequeñas. Un divorcio con custodia compartida exige dos casas con cuarto para los niños donde antes bastaba una. Si la pareja elige la casa nido, con los hijos quietos y los padres rotando, exige tres. Una madre sola necesita un piso entero pagado con un solo sueldo. El país puede no ganar un habitante y necesitar miles de viviendas más cada año. Hace mucho que hay más hogares que familias, y la política de vivienda sigue calculando como si fuera al revés.
Ahí no hay fondo buitre al que culpar. Hay una siesta larga que comparten conservadores y socialdemócratas. El franquismo construyó vivienda protegida para hacer propietarios, y la democracia copió el modelo: se pagaba con dinero público, se vendía y a los pocos años pasaba al mercado libre. Nadie levantó un parque público de alquiler que sobreviviera a su inaugurador.
En Barcelona, Baleares y Canarias el sueño ha tenido un despertar peor. Las administraciones autorizaron el piso turístico como quien autoriza cualquier actividad económica, sin preguntarse dónde dormirían el camarero que sirve al turista y la enfermera que lo atiende cuando se cae de la moto. Nadie aprobaría un polígono industrial sin calcular el agua que consumirá. Con el turismo se hizo exactamente eso con la vivienda. Hoy quien trabaja en Ibiza o en el Eixample no puede vivir allí, y los gobiernos que dieron las licencias han abierto los ojos cuando el problema ya no tiene arreglo barato. Han regulado tarde y han regulado el síntoma.
Nada de esto exime a la derecha. PP, Vox y Junts tumbaron la moratoria en febrero sin ofrecer otra cosa, y Madrid lleva años presumiendo de no intervenir. El enfado de la calle es legítimo. Lo que no se justifica es que lo capitalicen quienes ya gobernaron y ahora piden expropiar lo que no supieron construir.
Los mismos partidos que no se entienden en esto supieron pactar las pensiones en Toledo hace treinta años. La explicación es menos noble que el sentido de Estado. Los pensionistas votan en masa y son casi nueve millones. Los inquilinos jóvenes votan menos y cambian de dirección cada dos años, a veces de isla.
Los acampados de Sol han decidido no dormir en casa hasta que alguien los escuche. En los despachos se duerme mejor, y desde hace cuarenta años.
Este miércoles el grupo editor de este diario abre un evento de tres días, BCN Desperta!, con la vivienda y todo lo que la rodea en el centro de la conversación. Les esperamos a todos. Esta vez el nombre del foro funciona como programa. Maricarmen ya no tiene casa donde esperar a que los que mandan abran los ojos.
