Una imagen de Gonzalo Baratech sobre un fondo de una sede de BBVA
BBVA, en el mayor escándalo de su historia
“El nombre de una de las principales instituciones financieras españolas queda asociado al espionaje y a las prácticas más siniestras de las cloacas del poder económico”
El juez Antonio Piña, de la Audiencia Nacional, ha acordado la apertura de juicio oral a BBVA, a su expresidente Francisco González (FG) y a otros catorce exdirectivos y policías, por los espionajes que el comisario José Manuel Villarejo perpetró a una extensa lista de ciudadanos.
Es la primera vez que uno de los dos grandes bancos nacionales se sienta en el banquillo de los acusados como persona jurídica en un procedimiento criminal de esta magnitud.
También resulta insólito que el ex capitoste de un coloso del Ibex 35 sea encartado junto con la propia compañía por hechos cometidos durante las dos décadas que la dirigió.
La complejidad del sumario ha mantenido el caso en fase de instrucción durante casi ocho años. Debido a los plazos procesales, el arranque del juicio se pospondrá previsiblemente hasta finales de 2027.
Este asunto de altos vuelos y bajos fondos desprende un intenso hedor siciliano. Su meollo consistió en la contratación de Villarejo para que realizara seguimientos personales y pinchazos telefónicos ilegales a toda una caterva de políticos, miembros de organismos supervisores, empresarios y periodistas.
Los sucios trabajos se prolongaron durante doce años y terminaron en 2016. Por ellos, Villarejo cobró 10 millones de euros, extraídos de las arcas de BBVA.
Según la Fiscalía, la contratación del funcionario corrupto fue una decisión personal e intransferible de FG. El ministerio público pide para éste nada menos que 173 años de cárcel por los delitos de cohecho activo y pasivo, amén de 42 delitos de revelación de secretos. Para Villarejo, solicita 216 años de presidio y al propio BBVA una multa de 181 millones.
También comparecerán en el estrado un ramillete de exjerarcas de la institución, como Ángel Cano, exconsejero delegado; Joaquín Gortari, jefe del gabinete de FG; José Manuel García Crespo, Eduardo Ortega y Eduardo Arbizu, que tuvieron a su cargo los servicios jurídicos en distintas etapas; Antonio Béjar, ex máximo responsable de riesgos; y Julio Corrochano, otrora al frente de la seguridad. Este último se lleva la palma, pues le pueden caer 243 años a la sombra.
La apertura de juicio oral coincide con Carlos Torres al timón de BBVA.
Es el ejecutivo a quien FG eligió a dedo como sucesor. Es asimismo artífice de la OPA hostil sobre el Sabadell, que acabó en un estruendoso fracaso y ha acarreado un severo quebranto al BBVA.
Torres fue su número dos, mientras Villarejo aún estaba a sueldo. Pero no se pudo probar que conociera las fechorías cometidas por el preboste supremo y se libró de toda imputación.
Resulta oportuno recordar que FG lideró el gigante vasco durante un interminable reinado, que se prolongó entre 2001 y 2018. Ejerció poderes omnímodos, rayanos en el despotismo.
Incluso urdió dos modificaciones estatutarias para seguir en la poltrona devengando las generosas pagas. En conjunto, llegó a embolsarse 165 millones entre sueldos y fondo de pensión.
No puede decirse que semejante fortuna fuera merecida. Durante su inacabable etapa como caudillo de BBVA, la cotización experimentó un desplome del 25%. Pocas veces una gestión tan deplorable fue recompensada con tamaña generosidad.
Sin embargo, ni la destrucción de valor para los accionistas, ni las desmesuradas retribuciones, constituyen la herencia más inquietante de la égida de Francisco González.
Mucho más perturbadora es la imagen que deja esta causa: el aspirante a erigirse en el mayor intermediario del dinero del país habrá de rendir cuentas ante la justicia penal.
Una cosa es sufrir pérdidas, cometer errores estratégicos de bulto o protagonizar operaciones bursátiles fallidas. Otra muy distinta es que el nombre de una de las principales instituciones financieras españolas quede indeleblemente asociado al espionaje y a las prácticas más siniestras de las cloacas del poder económico.
