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Alejandro Tercero y una pintada nacionalista en la fachada de la escuela de Canet

Alejandro Tercero y una pintada nacionalista en la fachada de la escuela de Canet Fotomontaje CG

Zona Franca

Los defensores de la inmersión se pegan un tiro en el pie

"Los nacionalistas recurren al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo la aplicación del 25% en castellano en una escuela de Canet y se llevan un varapalo sin precedentes"

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El dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre el modelo lingüístico de las escuelas catalanas no solo es demoledor contra los intereses de los nacionalistas, sino que crea un nuevo precedente que acerca la inmersión a su final. Otro clavo en el ataúd de un sistema ilegal e infame.

La historia comienza con los padres de una niña de cinco años escolarizada en un centro público de Canet de Mar (Barcelona) que consiguen que los tribunales le reconozcan el derecho a recibir, al menos, el 25% de la educación en castellano.

A esta familia le tratan de hacer la vida imposible, con campañas inhumanas de señalamiento, acoso y hostigamiento en el colegio y en las redes sociales. De hecho, ya ha habido dos sentencias contra algunos de los acosadores.

Mientras tanto, un grupo de familias del colegio, de la mano de Òmnium Cultural, se activa judicialmente para recurrir la aplicación del 25%. Pero, tras perder en el Supremo y el Constitucional, deciden acudir a Estrasburgo.

Craso error.

El TEDH ha rechazado de plano los argumentos de los defensores de la inmersión, ha consolidado la doctrina de los tribunales españoles y ha ofrecido nuevos razonamientos que podrán ser utilizados en contra de los nacionalistas en la justicia y en la política.

Podría decirse que se han pegado un tiro en el pie.

En realidad, el Tribunal de Estrasburgo apenas apela al sentido común para justificar su rechazo a la inmersión. Así, dice cosas tan razonables y evidentes como que Cataluña es “una región bilingüe donde tanto el catalán como el español gozan de igual rango como lenguas oficiales”. También dice que “el español es la única lengua oficial en todo el territorio nacional, incluida Cataluña”. Y que “prohibir su uso como lengua de instrucción privaría a los ciudadanos españoles de su derecho a recibir educación en la lengua nacional".

Para los nacionalistas y para quienes compran su relato, este tipo de explicaciones siempre se han considerado poco menos que franquistas, fascistas o falangistas. Por eso, el hecho de que sea un tribunal internacional, que además tiene fama de progre, el que proclame que la inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán es una barbaridad, supone un varapalo sin precedentes para los nacionalistas.

Pero es que el TEDH aún va más allá cuando señala que “recibir educación en la lengua oficial es fundamental para facilitar la igualdad de acceso del alumnado al sistema educativo estatal y para preservar el principio de unidad del sistema educativo".

Y cuando advierte de que “la práctica arraigada del centro de impartir clases exclusivamente en catalán perjudicó significativamente a las familias españolas residentes temporal o permanentemente en Cataluña, ya que impidió que sus hijos cumplieran su doble derecho y deber constitucional de aprender español".

Un sistema que, subraya el tribunal, “dificultó la reintegración de los alumnos al sistema educativo del Estado cuando regresaron a otra región donde solo el español era la lengua oficial".

El TEDH avala a la justicia española argumentando que esta “no derogó la política lingüística del centro, sino que simplemente incrementó el uso del español en una o varias asignaturas, sin modificar el uso predominante del catalán como lengua de instrucción".

Por tanto, así se "logró un equilibrio adecuado entre la preservación de la unidad del sistema educativo y la promoción de la diversidad lingüística", sin que eso suponga “una injerencia en la vida privada o familiar de los demandantes de forma discriminatoria”.

Parece claro que no hay ni un solo argumento a favor de que la educación, en un territorio con dos lenguas oficiales, como Cataluña, se imparta únicamente en una de ellas.

De momento, el consejero de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, ha asegurado que el dictamen del TEDH "no tiene ningún impacto en el conjunto del sistema educativo". Pero lo cierto es que solo la insumisión de la Generalitat mantiene con un hilo de vida la inmersión.

La pelota está ahora en manos del Tribunal Constitucional, que tiene pendiente de resolver la constitucionalidad de la normativa aprobada por la Generalitat para tratar de esquivar el 25%, tras las dudas planteadas al respecto por parte del TSJC. Aunque no tiene demasiado margen para avalar la enésima triquiñuela de los nacionalistas para incumplir las sentencias de la justicia.