Xavier Salvador opina sobre Mónica García
Mónica García y la sanidad como trinchera
"El interés del libro de Gimeno no está solo en la ministra. Está en el retrato de una época. Una etapa en la que parte de la política española cambió el consenso por la trinchera. Y la gestión por el activismo"
La política española convierte a los activistas en gestores. Y a los gestores, en sospechosos. Pasa en muchos sitios. En pocos duele tanto como en la sanidad. Cuando la ideología pesa más que la gestión, lo que está en juego no son votos. Son hospitales, médicos, pacientes y dinero público.
Mañana llega a las librerías Mónica García, de la marea al chapapote, de Alberto Gimeno, un libro editado por Crónica Global Media. El título no es sutil. Tampoco quiere serlo. El libro recorre la trayectoria de la ministra de Sanidad para hacer una pregunta incómoda. ¿Encaja el discurso que la llevó de las mareas blancas al ministerio con lo que exige gestionar un sistema tan complejo?
La pregunta importa. Hace un siglo, Max Weber distinguió dos formas de hacer política. La ética de la convicción, que se debe a sus principios. Y la ética de la responsabilidad, que responde por las consecuencias de sus actos. El activista vive de la primera. El gestor responde por la segunda.
García encarna una idea muy concreta de la sanidad pública. Y su propia acción de gobierno la retrata mejor que cualquier etiqueta. Su anteproyecto quiere expulsar el ánimo de lucro del sistema. También reformar el estatuto marco. Eso no son medidas de gestión. Son decisiones ideológicas sobre quién merece estar dentro del sistema y quién no.
La sanidad española lleva décadas funcionando gracias a un ecosistema híbrido. Centros públicos, concertados, fundaciones, mutuas, proveedores tecnológicos. No por capricho, sino por necesidad. Sin esa colaboración, el sistema no habría aguantado el envejecimiento de la población ni la presión asistencial.
El rechazo a la reforma no llega solo de la empresa privada. Llega de dentro. Metges de Catalunya impulsó en 2025 una plataforma estatal, con sindicatos de Madrid, País Vasco y Navarra, para frenar el nuevo estatuto marco. Y la patronal sanitaria catalana, el Consorci de Salut i Social de Catalunya, ha pedido a los diputados catalanes que voten contra la ley en el Congreso.
Su director general, Francesc José María, lo explicaba ayer en una entrevista con Ignasi Jorro en este mismo medio. Su objeción es doble. La ley invade competencias autonómicas. Y exige que los consorcios sanitarios estén formados solo por entidades públicas, lo que rompe un modelo catalán levantado durante 40 años de consenso.
Cuestiona también la cruzada contra el lucro. Ganar dinero con una buena gestión, dice, es legítimo. Reprochable solo cuando se hace a costa de la calidad.
![Imagen de una médico con una paciente en un ambulatorio](["https:\/\/a2.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/asociados\/551432.jpg?p=w:320\/h:180&h=aqHnNLPU"])
Conviene no hacer trampa con su testimonio. José María admite sin rodeos que el modelo madrileño de concesiones tiene lagunas. Cita el caso polémico del Hospital de Torrejón. Es honesto y no lo voy a esconder. Pero ese matiz no salva la reforma. La explica.
Porque el error de García no es señalar los abusos de un modelo concreto. Es convertir ese diagnóstico en una guerra contra toda colaboración público-privada, sin distinguir entre la concesión fallida de Torrejón y el concierto catalán que el propio José María defiende. Donde hacía falta bisturí, se aplica dogma.
Y aquí conviene recordar a quien menos sospechoso resulta. Aneurin Bevan, el político laborista que fundó el servicio público de salud británico, el NHS, tuvo que pactar con los médicos para levantarlo. Les pagó bien y les permitió mantener su consulta privada. «Les llené la boca de oro», resumió sin pudor.
El padre de la sanidad pública europea entendió que el sistema se construía sumando a los profesionales, no señalándolos. Setenta años después, en España, se ha optado por lo contrario.
![Francesc Josep Maria presidente del CSC](["https:\/\/a2.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/asociados\/552610.jpg?p=w:320\/h:180&h=GBxwE_nh"])
Hay además un laboratorio involuntario. Allí donde el ministerio gestiona la sanidad sin autonomía de por medio, en Ceuta y Melilla a través del INGESA, los resultados no presumen precisamente de las bondades de la gestión pública centralizada.
Ceuta cerró 2025 como la segunda peor de España en demoras de consultas externas. Más del 84% de las citas, por encima de los 60 días. Ambas ciudades quedan por debajo de la media en médicos por habitante y en satisfacción ciudadana.
Una encuesta de este año suspendía la gestión central con un 3,7 sobre 10. Seamos justos, en atención primaria los datos mejoran, y el propio INGESA presume de no tener listas de espera. Pero el balance global de los territorios que dependen solo del ministerio, de Mónica García, no sostiene la tesis de que la gestión pública directa, por sí sola, garantice un servicio mejor.
Ese es el patrón. Se exige evidencia científica para cada decisión clínica. Pero se aceptan prejuicios para diseñar la política sanitaria. Se pide rigor a los profesionales y se tolera el sesgo cuando alimenta el relato.
![Sede del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC)](["https:\/\/a2.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/asociados\/550705.jpg?p=w:320\/h:180&h=PDDhHh1_"])
Crónica Global ya documentó esa lógica en su día con Toni Comín, exconsejero catalán de Salud, hoy en Bélgica, eurodiputado que ni siquiera puede ejercer su acta mientras el Constitucional decide sobre la amnistía. Y con Carmen Montón, cuando tuvo responsabilidades sanitarias de primer nivel en la Comunidad Valenciana. Mismo guion. Un gran discurso moral, mucha propaganda y una realidad bastante más incómoda al mirar los hechos.
El interés del libro de Gimeno no está solo en la ministra. Está en el retrato de una época. Una etapa en la que parte de la política española cambió el consenso por la trinchera. Y la gestión por el activismo.
La sanidad necesita lo contrario. Acuerdos estables. Evaluación seria. Capacidad de sumar a todos los que aportan valor. Menos consignas y más resultados.
Los pacientes no preguntan quién gestiona una resonancia o una operación. Preguntan cuánto tardará. Y con qué calidad les van a atender. Ese es el examen que importa. Y es el que la reforma de García, atrapada en su propia frontera moral, no consigue aprobar.
