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Xavier Salvador y una imagen de la detención de Jonathan Andic

Xavier Salvador y una imagen de la detención de Jonathan Andic

Zona Franca

El relato que condena a Andic (Jonathan)

"Quizá Andic sea culpable. Quizá inocente. Lo inquietante es cuántos ya lo han resuelto sin esperar al tribunal. Y que ninguna absolución posterior repara del todo ese daño"

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Tras meses de condena en la opinión pública, no será fácil revertir una creencia ya extendida sobre el heredero de Mango.

Es posible que el hijo del fundador del textil tuviera algún grado de responsabilidad en la muerte de su padre. Lo sostienen la jueza instructora y los Mossos. Es igualmente posible lo contrario. Que Isak Andic trastabillara en el Camí de les Feixades de Montserrat y cayera. La pendiente era descendente, el sustrato húmedo, el calzado inadecuado. Padecía artrosis en las rodillas. Ninguna de las dos hipótesis está probada. Ese es el punto.

Conviene recordar qué se sabe y qué no. Los Mossos detectaron contradicciones en las dos declaraciones de Jonathan. Recogieron el testimonio de Estefanía Knuth, pareja del finado, sobre una relación tensa entre padre e hijo. Y convencieron a la jueza de reabrir una causa cerrada como accidente.

La defensa ha respondido. Ha incorporado a un detective polémico y combativo, Francisco (Paco) Marco, fundador de la agencia Método 3, con su propio historial judicial a cuestas. Y ha aportado dos elementos. Uno es un vídeo de febrero de 2024 en el que Andic tropieza en la sede de Mútua Universal de Barcelona. El otro, un informe pericial biomecánico que considera la caída compatible con un accidente fortuito.

Aquí toca ser preciso, porque es el nudo de todo. Ese informe no es “lo factual”. Es una pericia de parte, encargada y pagada por la defensa. Ofrece una hipótesis alternativa plausible, nada más. Tratarla como verdad establecida sería incurrir en el mismo error que esta columna denuncia. El informe no demuestra la inocencia de Andic. Lo que hace es introducir una duda razonable donde muchos ya habían cerrado el caso.

Marco concedió una entrevista a RAC1 la semana pasada. Lo interesante no fue tanto lo que dijo como las reacciones que provocó. Buena parte de quienes daban por buena una versión de los hechos parecían incómodos ante la sola aparición de una interpretación alternativa. Más incómodos que interesados en discutir su contenido. Marco fue contundente. Arremetió contra la jueza, contra los Mossos y contra una investigación que considera inconsistente y demasiado prolongada. Cuestionar el trabajo de ciertos funcionarios sigue resultando incómodo en este país. Más aún si se hace en castellano y con un tono que algunos califican de garrulo y chulesco.

A la dirección jurídica se ha sumado el penalista Cristóbal Martell. Se acerca a la jubilación con un parecido cada vez más notable a Miguel de Unamuno. Le falta quizá el sombrero. Pero sigue sacándose de la chistera recursos que pocos ven venir. Ahí está su defensa de Pujol. O el caso Dani Alves, cuya condena en primera instancia el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña terminó revocando en apelación. No se trata de comparar procedimientos. Se trata de recordar una evidencia elemental: la verdad judicial no siempre coincide con la verdad social.

Nada de esto defiende a Jonathan Andic. Nadie que no estuviera en Montserrat sabe qué ocurrió allí. Lo inquietante es otra cosa. Es el procedimiento por el cual una sociedad decide a alguien culpable antes de que un tribunal lo juzgue. La presunción de inocencia no es un tecnicismo. Es el supuesto de que la carga de la prueba recae sobre quien acusa, no sobre quien se defiende.

Las certezas contra el hijo del finado se han debilitado. No desaparecido. Esa es la diferencia. Durante meses se construyó una explicación completa del suceso a partir de una relación paterno-filial supuestamente mala. Pero de una mala relación no se deduce un crimen. Es un indicio, no una sentencia. Convertir lo segundo en lo primero es el atajo que conviene vigilar. Primero se decide la conclusión. Después se seleccionan los hechos que la confirman.

Es difícil confiar plenamente en una justicia lenta, lastrada por suspensiones y formalismos impropios del siglo XXI. Pero no hay alternativa mejor que esperar. Solo cabe confiar en las garantías del Estado de derecho. Y en que los tribunales hagan su trabajo, aunque su conclusión decepcione a quienes ya tenían la suya.

Jonathan Andic ya ha recibido una condena pública antes de que medie sentencia. Todo su dinero apenas le ha servido para evitar la prisión provisional. Si resultara inocente, nadie le devolverá estos meses. Nadie le restituirá del todo una reputación erosionada por rumores y certezas prematuras. Y si resultara culpable, tampoco la condena social habrá servido para nada. El daño ya estaba hecho antes de saberlo.

El fenómeno trasciende este caso. Cada vez se forman juicios colectivos más rápido de lo que se tarda en conocer los hechos. Cuando eso ocurre, el relato deja de explicar la realidad y pasa a sustituirla. Quizá Andic sea culpable. Quizá inocente. Lo inquietante es cuántos ya lo han resuelto sin esperar al tribunal. Y que ninguna absolución posterior repara del todo ese daño.