Gonzalo Baratech y una imagen de Aldama, Ábalos y Koldo en el juicio del 'caso mascarillas'
'Caso mascarillas', el infame escándalo del sanchismo
“Los españoles contemplan con estupor e indignación unos episodios que pasarán, por derecho propio, a los anales históricos de la ignominia”
Los ciudadanos asisten estos días a un sórdido espectáculo en las estancias del Tribunal Supremo. Se juzga el llamado caso mascarillas. En el banquillo se sientan el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama. Este último ha exhibido más conchas que un galápago. Se muestra como un consumado perito en el arte del trasiego de influencias y la intermediación a gran escala. Para él, los negocios opacos y el manejo de mordidas a discreción no encierran secretos.
La fiscalía pide 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y solo siete para Aldama. Imputa al trío los presuntos delitos de organización criminal, cohecho, malversación de caudales y tráfico de influencias. A Koldo, además, le achaca blanqueo de capitales.
La radical diferencia de penas de prisión se explica porque Aldama ha prestado colaboración desde el primer minuto con los órganos de la justicia.
El montaje mascarillas se apoda así debido a que, durante los meses más aciagos de la pandemia, el terceto de marras se coaligó como una mafia para vender los cubrebocas y otros artículos sanitarios a diversas Administraciones socialistas, a precios inflados muy superiores a su coste real. Es decir, mientras los españoles fallecían por centenares cada día, la descrita colección de desaprensivos se forraba a manos llenas a costa del erario.
El país se vio durante las recientes décadas sacudido por innúmeros apaños, que afectan al conjunto de los partidos. Pero de entre todos los ocurridos es difícil hallar un robo más abominable que el de las mascarillas.
El asunto ha impactado en algunos ministros, y ha proyectado negras sombras sobre la escurridiza presidenta del Congreso, la mallorquina Francina Armengol.
Tras divulgarse su intenso intercambio de mensajes con la trama, salió a la palestra para rasgarse las vestiduras porque, según ella, lo publicado, lejos de incriminarla, más bien respalda su inocencia.
Como cualquiera puede imaginar, los demás compañeros del Ejecutivo, sin excepción, recurrieron a la sobada técnica de Pedro Sánchez de llamarse andana, escurrir el bulto y arremeter contra la oposición, antes que asumir responsabilidad alguna.
Por el Supremo desfiló hasta ahora un variopinto repertorio de políticos presentes o amortizados, funcionarios, auditores, meretrices amigas de Ábalos enchufadas por éste en empresas públicas y, por último, hombres de negocios vinculados a los contratos que se hallan bajo sospecha.
Las deposiciones de semejante caterva afloraron un arsenal de supuestos delitos, como gruesos pagos y cobros en negro en la sede del PSOE; movimientos de fajos de billetes a los que se referían según su valor facial como “chistorras”, “soles” o “lechugas”; alquileres de pisos para juergas con prostitutas y trapicheos; y hasta la compra de un chalet en Cádiz, en concepto de soborno a Ábalos.
A medida que avanza el juicio, cunde la sensación de que no es solo un entramado de corrupción más, sino que acarrea una degradación profunda de los mecanismos de control del Estado en un momento especialmente dramático.
La crisis del coronavirus exigía, más que nunca, abundantes dosis de rigor, ejemplaridad y transparencia. Sin embargo, lo que dibujan los testimonios y las evidencias es justo lo contrario: un uso descarnado de la emergencia nacional como coartada para el saqueo impune, con adjudicaciones hinchadas, latrocinios a mansalva y una cadena de favores articulada al margen de cualquier control.
Queda ahora en manos de los magistrados del Supremo separar el grano de la paja y discernir entre las declaraciones interesadas y los hechos acreditados. Pero, al margen de cuál sea la sentencia final, ya está hecho el daño a las instituciones, a la política y a la confianza del pueblo soberano. Este contempla con estupor e indignación unos episodios que pasarán por derecho propio a los anales históricos de la ignominia.
