Ignasi Jorro, director de Crónica Global, y la ministra de Sanidad, Mónica García
Sumar ha hecho un diagnóstico en Cataluña y se ha equivocado. La coalición de izquierdas, por mor de una ministra suya en el Gobierno, Mónica García, titular de Sanidad, ha ordenado que se acaben los conciertos sanitarios, o que queden en la mínima expresión.
La propuesta de Sanidad, actualmente en tramitación, no verá la luz. Porque es incompatible con la realidad del sistema sanitario catalán. Borrar de un plumazo los conciertos por ley es imposible en estos momentos.
Lo impide, por ejemplo, la asignación presupuestaria. Acabar con los conciertos, o con la mayoría de ellos, tal y como propone el ministerio, significaría que esa asistencia pasaría a estar prestada por el Instituto Catalán de Salud (ICS). Y el ICS no tiene la capacidad económica, ni la autonomía, ni la influencia para hacerlo. Al menos por ahora.
Si alguien quiere embarcarse en esa senda, debería transformar por completo el ICS, tanto estatutaria como financieramente. Pero si alguien se cree que la empresa pública es capaz en estos momentos de asumir, por poner tres ejemplos, la gestión directa del Hospital Clínic Barcelona, Sant Joan de Déu o la Xarxa Santa Tecla de Tarragona, está equivocado. Yerra, o hace una lectura demasiado capitalina.
Es cierto que los conciertos merecen debate. Discusión sobre los controles económico-financieros, por ejemplo. Es evidente que es impresentable que algunos de los proveedores sanitarios catalanes, con concierto directo con el Servicio Catalán de Salud (CatSalut), no presenten todo el balance detallado para que lo estudie la ciudadanía a final de año.
No importa la titularidad del centro: si te beneficias de un concierto, debes ser completamente transparente. Con ello, se refuerza el efecto muro de cristal, así como la confianza de la comunidad. Y se blinda la gobernanza.
Pero una cosa es exigir transparencia y controles —muy de acuerdo— y otra es intentar cambiar el sistema sanitario por medio del BOE. Máxime cuando las competencias están transferidas a las comunidades autónomas.
Negro sobre blanco, el borrador de la ley de Gestión Pública e Integridad del SNS puede tener sentido como ariete político contra alguna región, pero carece totalmente de racionalidad cuando se aplica a Cataluña. Así lo entienden la mayoría de partidos catalanes. Me atrevería a decir que incluso el PSC.
Casi nadie en Cataluña, a excepción de la izquierda más radical, defiende que el ICS se convierta en proveedor casi único. Porque el sistema de titularidad diversa funciona. Tiene lagunas --como la descrita arriba, la opacidad con las cuentas, o la necesidad de acercar condiciones laborales con la empresa pública--, pero funciona.
Si el diagnóstico de Sumar es que el paciente debe quedarse en un extremo del tablero político, es acertado. Si su voluntad es la de pivotar hacia convertirse en una izquierda amplia y constructiva capaz de llegar a acuerdos con el resto de fuerzas políticas, se equivoca por completo.
Y con Cataluña, no es la primera vez que mete la pata.
