Los antivacunas también enferman

Dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos. Y, a juzgar por algunos debates que creíamos superados, no les falta razón.

Porque hay algo profundamente inquietante en tener que volver a explicar, en pleno 2026, que la ciencia está para protegernos. Que las vacunas salvan vidas. Que no son una opinión, ni una creencia, ni una moda: son uno de los mayores avances de la historia de la medicina.

Y, sin embargo, aquí estamos.

En Cataluña, un menor de 17 años permanece ingresado tras contraer tétanos. Una enfermedad prácticamente erradicada en nuestro entorno desde hace más de una década.

La causa no es un fallo del sistema sanitario ni una mutación inesperada del virus. Es mucho más simple —y más preocupante—: no estaba vacunado.

Sus padres, como otros tantos, decidieron no hacerlo.

A partir de aquí, el debate se reabre con una facilidad casi automática: ¿deberían ser obligatorias las vacunas? ¿Hasta dónde llega la libertad individual? ¿Puede el Estado intervenir en decisiones familiares?

Pero quizá la pregunta más incómoda sea otra: ¿cómo hemos llegado hasta aquí?

En Cataluña, como en el resto de España, la vacunación no es obligatoria. Se basa en un principio de voluntariedad respaldado por recomendaciones sanitarias y por un calendario público, gratuito y diseñado para proteger no solo al individuo, sino a toda la comunidad.

Porque la salud —conviene recordarlo— no es un asunto estrictamente privado.

Hay decisiones que trascienden lo individual. Que afectan a terceros. A los más vulnerables. A quienes no pueden vacunarse por razones médicas. A quienes dependen, precisamente, de que el resto sí lo haga.

Y aun así, hay quien decide no hacerlo.

No desde la evidencia científica, sino desde el miedo. Desde teorías de la conspiración, estudios sin aval, cadenas de desinformación que circulan con más rapidez que cualquier publicación médica rigurosa...

Un ecosistema en el que el ruido pesa más que los datos y en el que la duda infundada se disfraza de pensamiento crítico.

Quiero pensar que ningún padre toma esta decisión queriendo perjudicar a su hijo. Al contrario. Seguramente creen estar protegiéndolo. Pero proteger también implica asumir riesgos informados. Y el riesgo cero no existe —ni con vacunas ni sin ellas—. Lo dicen los médicos, lo dice la evidencia.

La diferencia está en la balanza. Y en esa balanza, los beneficios de la vacunación no solo ganan: arrasan.

Por eso cuesta entender que, 17 años después de nacer, un adolescente pueda acabar en una UCI por una enfermedad prevenible. Cuesta asumir que volvamos a hablar de tétanos como si no hubiéramos aprendido nada. Como si décadas de avances científicos pudieran diluirse en un puñado de bulos.

Mientras tanto, algunas escuelas infantiles privadas ya han empezado a exigir la cartilla de vacunación como requisito de acceso. No es una imposición sanitaria, sino una medida de protección colectiva. Y no parece una mala idea.

Porque, al final, esto no va solo de derechos. Va también de responsabilidades.

De entender que la libertad individual tiene límites cuando entra en juego la salud de los demás.

Y de recordar, aunque parezca mentira, que hay decisiones que deberían ser sencillas. Y vacunar a un hijo debería ser una de ellas.