ICL, ama y señora de la Cataluña central

Que ICL hace lo que quiere en el corazón de Cataluña es una evidencia. Basta con repasar la hemeroteca. La multinacional minera ha desprogramado una inversión de 300 millones de euros porque no cobraba ayudas públicas --cuando lo hace Ryanair, muchos se le echan encima, y con razón--; soliviantó a los ganaderos por acaparar agua, o tuvo que cerrar una montaña de sal por orden judicial, entre otros casos. 

Son tres ejemplos de que la filial española de la transnacional israelí fa i desfà sin reparar en el impacto que tienen sus actuaciones en el tejido económico y laboral de la comarca del Bages y, por extensión, en el del resto de la región. 

En 2023, el admirado compañero Josep Maria Cortés ya alertó de la "impunidad" de la que goza la extractora de cloruro potásico y sal sódica. Y la verdad es que el histórico respalda esa tesis. Nadie tose a ICL en Cataluña, y ese guante de seda se lo tocan todos los Governs de distinto signo. 

Como regla general, la Administración pública debe acompañar y facilitar la inversión privada. Siempre. Pero si hay desmanes, éstos se deberían corregir. No vale con dar patente de corso a aquellos que exprimen el suelo so pretexto de que crean empleo en una comarca deprimida. 

Y un exceso es lo que parece estar cometiendo ICL en Sallent con las sales-residuo que termina introduciendo en la cadena alimentaria, según la exclusiva que hoy publica la compañera Silvana Antonelli en Crónica Global. Porque este tipo de sal presenta elevadísimos niveles de bromo.

Aunque las autoridades no han regulado el umbral máximo de este compuesto, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés), sí ha alertado de que la presencia masiva de este elemento puede tener graves consecuencias sobre la glándula tiroides. 

Pese a haber este informe previo de la EFSA, y a ser un informe reciente --de 2025--, ICL ha decidido canalizarla a los alimentos que comemos con la intermediación del gigante francés Salins, uno de los mayores productores de sal de Europa. 

Los señalados se defienden aduciendo que el bromo elevado en alimentos no está prohibido por ley. Cierto, aunque deberían admitir también que algunos límites se han impuesto tras escándalos o debates públicos sobre la nocividad de algunos componentes.

El regulador no siempre actúa ex ante, sino que a menudo lo hace como respuesta a la conversación pública, o incluso a escándalos alimentarios.  

Con ley o no, lo que está en debate aquí es si ICL y Salins han sido responsables de abrir un negocio paralelo de sal alimentaria desde el corazón de Cataluña. Y algunos informes preliminares indican que no, que no lo han sido. 

Si ello se confirma, se añadiría otra mácula al historial de la minera israelí en Cataluña. Lo decepcionante es que no sería el primero, sino que se añadiría a un currículum, cuando menos, bronco. 

Por mucho que cree riqueza y empleo, ICL no puede señorear sin control alguno la comarca del Bages. Y ahora lo está haciendo.