Imagen de dos sanitarios con un paciente durante la pandemia del coronavirus en Cataluña
No se puede ser más ruin
"El Ministerio Fiscal ha dibujado un presunto fraude de dimensiones colosales que, de confirmarse en sede judicial, revelaría uno de los comportamientos más miserables que se recuerdan de la pandemia"
Antes de empezar, conviene dejar algo claro: la investigación por el presunto fraude de más de 20 millones de euros a través de créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Institut Català de Finances todavía no ha sido juzgada.
No existe, por tanto, una sentencia firme y nadie puede ser considerado culpable de delito alguno. Así lo exige la ley y así debe respetarse.
Pero también es cierto que el Ministerio Fiscal ha dibujado en su escrito de acusación un entramado de presunto fraude de dimensiones colosales que, de confirmarse en sede judicial, revelaría uno de los comportamientos más miserables que se recuerdan de la pandemia.
Porque hay algo particularmente ruin en enriquecerse cuando todo a tu alrededor se derrumba.
Durante los meses más oscuros del coronavirus, mientras las residencias de mayores colapsaban, los hospitales buscaban respiradores donde no los había y miles de autónomos se ahogaban intentando mantener abiertos sus negocios, el Estado abrió líneas extraordinarias de crédito para salvar empresas y evitar un colapso económico total.
Era dinero público. Era dinero de todos. Era dinero pensado para sobrevivir.
Y, sin embargo, según sostiene la Fiscalía, y ha podido explicar Crónica Global en exclusiva, hubo quienes habrían visto en aquel salvavidas una oportunidad de negocio --ilícito, por supuesto--.
Así, se defraudaron (insisto, presuntamente) más de 20 millones de euros.
No hablamos de una ayuda irregular ni de una picaresca menor. La acusación describe una supuesta red de empresas pantalla —una veintena— que habrían simulado actividad económica mediante documentación falsificada para acceder a créditos que, en teoría, debían servir para sostener negocios reales golpeados por la pandemia.
Empresas que, según la investigación, en realidad no tenían actividad alguna.
Mientras tanto, decenas de miles de personas fallecían en España. Familias enteras se despedían por videollamada; y pequeños empresarios cerraban persianas que jamás volverían a levantar.
Las redes sociales de la pareja del presunto cabecilla --según ha podido comprobar este medio-- mostraban un escaparate de lujo: viajes, vestidos, ostentación… y un Lamborghini Huracán que, a propósito, adquirieron gracias a las ayudas recibidas.
No se trata de demonizar el éxito ni de criminalizar la riqueza. Quien prospera trabajando y creando valor merece reconocimiento.
Pero otra cosa muy distinta es aprovechar una tragedia colectiva para llenarse los bolsillos. Porque cada euro que se desvía en una situación de emergencia tiene un coste real.
¿Cuántos autónomos habrían podido respirar con parte de esos 20 millones? ¿Cuántas pequeñas empresas habrían evitado el cierre definitivo? ¿Cuántas mascarillas se habrían podido comprar? ¿Cuánto material sanitario habría llegado antes a hospitales y residencias?
Insisto: será la justicia quien determine si los hechos descritos por la Fiscalía se sostienen o no. El juicio está a la vuelta de la esquina y será un tribunal quien deba valorar las pruebas.
Pero si esas acusaciones terminan confirmándose, estaremos ante algo más que un fraude económico.
Estaremos ante una forma particularmente repugnante de oportunismo: convertir el sufrimiento colectivo en un negocio.
Por suerte, la jugada --al menos de momento-- no parece haber salido del todo bien. Los dos presuntos líderes del entramado se enfrentan a penas de hasta 14 años de prisión.
Y, aunque será un tribunal quien los juzgue, hay delitos que no solo se miden en cifras. También se miden en miseria moral.
