Supervivencia política, el presupuesto de Illa

El primer presupuesto de Salvador Illa nace con algo más que números. Nace con una fecha de caducidad implícita.

En el Parlament nadie lo dice en voz alta, pero nadie apostaría por el inicio de un ciclo largo. El PSC gobierna en minoría. Depende de una aritmética ajustadísima. Y el calendario electoral empieza a asomar en el horizonte municipal y autonómico.

Por eso lo que estamos viendo estos días no es la construcción de un gran proyecto compartido. Es, sobre todo, un ejercicio de supervivencia política.

Con los Comuns, el acuerdo en vivienda era el peaje inevitable. No ha habido revelación ideológica ni giro histórico. Las líneas maestras —más intervención, más presión regulatoria, más parque público— ya estaban sobre la mesa. Encajan, además, con el marco estatal vigente.

La negociación no ha sido sobre el rumbo. Ha sido sobre la intensidad. Y, sobre todo, sobre la autoría.

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Los de Jéssica Albiach necesitan demostrar que condicionan al Govern. El PSC, en cambio, está apurado para aprobar las cuentas sin romper con el ecosistema empresarial que históricamente ha orbitado a su alrededor.

Illa ha reforzado el perfil social porque no tiene alternativa aritmética. Pero ha procurado no cruzar ciertos límites. Sabe que el mercado de la vivienda ya está tensionado. Y sabe que añadir más incertidumbre jurídica puede tener efectos que luego nadie controla.

No hay conversión doctrinal. Hay, sencillamente, cálculo.

Más delicada es la carpeta de ERC.

La llamada “financiación singular” no es una ocurrencia de esta semana. Es la enésima reformulación de un debate que Cataluña arrastra desde hace décadas. Pero el margen real de negociación es limitado.

Está el marco constitucional. Y la dependencia del PSOE de mayorías ajustadas en el Congreso. Cada gesto en Barcelona resuena en Madrid.

ERC necesita exhibir que sigue arrancando concesiones estratégicas. Que no se limita a sostener a un president socialista. Pero su posición hoy es incómoda.

Esa incomodidad ya no es teórica. ERC ha llegado a frenar la tramitación presupuestaria para forzar garantías explícitas sobre el IRPF. Una señal de que el equilibrio es operativo, no retórico, y de que cualquier avance fiscal está atravesado por el cálculo electoral y por la estabilidad del Gobierno central.

Mientras negocia en el Parlament, su portavoz en Madrid, Gabriel Rufián, trabaja para apuntalar a Pedro Sánchez. Intenta influir, además, en la recomposición del espacio político a la izquierda del PSOE.

Esa doble vía obliga a los republicanos a un equilibrio complejo. Diferenciarse sin romper. Es decir, tensionar sin provocar un colapso que también les arrastraría.

Illa, por su parte, debe evitar que cualquier avance fiscal se interprete como un privilegio. El líder del PSC no puede dinamitar el equilibrio territorial que Sánchez sostiene con dificultad. El resultado, si llega, será probablemente un acuerdo de formulaciones ambiciosas y desarrollos técnicos mucho más prudentes.

La fragilidad, en realidad, es compartida. Cataluña y Madrid están atadas por la misma cuerda. Un movimiento brusco en el Parlament puede convertirse en munición en el Congreso. Y viceversa.

En este contexto, la reacción de Foment del Treball no es simple sobreactuación. Josep Sánchez Llibre ha endurecido el tono ante las políticas de vivienda y las hipótesis fiscales. “Filocomunistas”, ha dicho para referirse a lo pactado.

El empresariado catalán viene harto de años de incertidumbre regulatoria: límites de alquiler recurridos, cambios normativos acelerados, debates fiscales sin cierre claro. La apelación a la seguridad jurídica, por tanto, tiene base.

Al mismo tiempo, Foment fija territorio. Y recuerda al PSC que su ADN histórico ha sido la centralidad económica. Es presión, sí. Pero también memoria.

Y luego está Junts.

Con los de Carles Puigdemont no hay improvisación. Hay estrategia fría. Con una red municipal sólida en la Cataluña interior, su prioridad es preservar esa hegemonía. Cualquier cosa antes que aparecer como socio indirecto de un Govern socialista.

Prefieren dejar que ERC asuma el desgaste de la negociación. Se limitan a señalar que todo es insuficiente o “sucursalista”. Es una posición cómoda. No condicionan ni se manchan. Esperan el desgaste ajeno y confían en capitalizar simbólicamente el eventual retorno de su liderazgo.

El problema es que esa apuesta convierte la política catalana en una competición por el error del otro. No en una pugna por ofrecer alternativas de gestión.

Junts protege su territorio. Renuncia, de momento, a influir en decisiones que afectan al conjunto.

Si el presupuesto sale finalmente adelante, Illa podrá exhibir que gobierna. Que sabe tejer mayorías puntuales. Sus socios podrán vender que han condicionado las políticas.

Todos anotarán un tanto.

Pero nada de eso garantiza estabilidad a medio plazo.

La proximidad de municipales y el horizonte autonómico convierten cada votación en un cálculo electoral. El apoyo no es lealtad. Es inversión a corto plazo.

Y cuando el rendimiento político deje de compensar, la amenaza de una convocatoria anticipada dejará de ser implícita. Se convertirá en arma arrojadiza.

Josep Pla dejó escrito que en política, como en la vida, hay cosas que simplemente no son posibles.

El delicado equilibrio de Illa se mueve precisamente en ese límite. Entre lo que se proclama y lo que realmente puede hacerse.

Este presupuesto catalán no inaugura una etapa sólida. Apenas compra tiempo. Precioso, eso sí.

Y hoy, en la Cataluña actual, ganar tiempo parece ser la única estrategia compartida por socios y adversarios.