La ventisca

La ventisca “más importante” que ha sufrido Cataluña en las últimas décadas, por suerte, no pasará a la historia.

La comunidad prácticamente se ha paralizado para protegerse frente a episodios puntuales de ráfagas que han superado los 100 kilómetros por hora. Pero han sido eso, episodios puntuales que, además, no han afectado a toda la región.

Por ello, cada vez más voces se preguntan si no se está exagerando demasiado con las medidas que se adoptan ante este tipo de situaciones.

Seguramente, la decena de heridos –uno de ellos, crítico– pensará que las restricciones se quedaron cortas. Que debería haberse obligado a confinar a todo quisqui en sus casas. Incluso habrá padres que opinen lo mismo, para evitar el menor riesgo para sus hijos.

Pero las decisiones que tomen los gobernantes deben ser proporcionales a la magnitud de los hechos que pretenden afrontar. Y muchos empiezan a poner en duda que eso esté ocurriendo.

Cataluña supera la ‘crisis del viento’ a costa de rebajar la actividad económica y social

Es evidente que estamos ante el llamado efecto Mazón (o el síndrome del Ventorro, según algunos). Nuestros políticos prefieren curarse en salud antes que verse en el pellejo del expresidente de la Generalitat Valenciana.

Sin embargo, el abuso de esas medidas tiene consecuencias. Por ejemplo, tirar de Es-Alert ante cualquier amenaza puede hacer que la población no se tome demasiado en serio aquellas que realmente sean amenazas extremas. Lo llaman el efecto Pedro y el lobo. Y desde el desastre de Valencia, el ritmo al que se lanzan ese tipo de mensajes se ha multiplicado por cinco a nivel nacional.

Por no hablar de los costes económicos de paralizar todo cada dos por tres. Un paro de un día puede costar varias décimas del PIB. Repetirlo sin necesidad supone quemar crecimiento económico absurdamente y eso afecta al empleo.

También están los padres que no tienen dónde o con quién dejar a sus hijos. O los ciudadanos que no entienden que se les obligue a aparcar su vida un día a causa de una ventisca (no un tifón ni un huracán).

Nils

Los humanos gestionamos riesgos permanentemente. No existe el riesgo cero. Y, por eso, se busca un equilibrio razonable. Con un coste asumible.

Si no hubiese límite de velocidad en las carreteras, las víctimas mortales se dispararían. Si el tope en las autopistas fuese 50 kilómetros por hora, probablemente no habría ni un muerto por accidente de tráfico en esas vías rápidas.

Pero los límites se han fijado en 120 para las autopistas y entre 90 y 100 para la mayoría de las carreteras. Y eso supone más de mil muertos al año en todo el país, y unos 3 a la semana en Cataluña. ¿Es un coste asumible?

Parece que, al menos políticamente, sí lo es. Porque a nadie se le ocurre paralizar la vida del país para evitar las muertes en carretera imponiendo un límite de 40 o 50 kilómetros por hora.

Al final, todo es cuestión de proporcionalidad y equilibrio. Y ahora estamos muy lejos de ambos.