El feroz intervencionismo gubernamental ha sumido el sector inmobiliario catalán en una espiral de inseguridad, desconfianza y anemia inversora. Entre las regulaciones volubles, la fiscalidad asfixiante y un acoso sin tregua contra los propietarios, las promotoras sobreviven a trancas y barrancas, mientras los grandes caudales migran a territorios menos hostiles.

Los fondos de inversión hace tiempo que pusieron a Barcelona en su lista negra y han reducido de forma drástica su presencia en nuestros lares.

Tampoco las grandes ladrilleras locales andan muy deseosas de colocar sus dineros en un mercado que la Administración controla y grava radicalmente y, donde además, se suele cambiar la normativa cada dos por tres.

En esta tesitura, hoy traigo a colación el caso de La Llave de Oro, una de las compañías más veteranas y relevantes del ramo en la Ciudad Condal. Durante décadas focalizó sus quehaceres en Barcelona y su área metropolitana, con alguna que otra incursión por Mallorca. Pues bien, de un tiempo a esta parte ya no polariza sus objetivos en el nordeste peninsular, sino en Madrid.

Hace un lustro que La Llave aterrizó en el centro del país con la compra de cuatro parcelas en Alcalá de Henares, para levantar 250 pisos. En 2023 llegó a Alcorcón, donde se está erigiendo el barrio de nuevo cuño Retamar de la Huerta. En tal enclave, La Llave va a sacar adelante 460 casas.

Por último, en 2024 entró por la puerta grande en el desarrollo urbanístico de Los Ahijones, al sureste de la capital. Adquirió en dos tandas nada menos que medio millón de metros cuadrados de terrenos, equivalentes a 50 manzanas del ensanche barcelonés. En esos predios va a construir cerca de dos millares de residencias, tanto de vivienda libre como de protección oficial.

Antes de lanzarse a todo trapo sobre la meseta castellana, La Llave dio un paso audaz para extender sus tentáculos más allá de España. En efecto, cruzó el charco y se estableció en Panamá, donde ha constituido un ramillete de ocho sociedades. Por el momento, les ha inyectado 40 millones para lubricar su expansión.

La Llave de Oro arranca en los duros años de la posguerra civil por impulso de Luis Marsà Abad. A su fallecimiento en 2008, le sucede Luis Marsà García. A este le secunda desde hace lustros su hijo y tercera generación, Ferran Marsà Visay.

El pionero participó en 1969 en el nacimiento de la Asociación de Promotores y Constructores de Barcelona, de la que fue primer presidente. En la junta de gobierno le acompañaban otros prebostes de la hormigonera como José María Figueras, de Habitat; José Luis Núñez, de Núñez y Navarro; Francisco Pulido, de Construcciones Pulido; Enrique Reyna, de Erma; y Ramón Torné, de Confort.

El cuartel general de La Llave radica en el paseo de Manuel Girona, en el linde de los distritos de Les Corts y Pedralbes. Sus magnitudes financieras son sobresalientes. Revelan la fertilidad de sus ocho décadas de existencia, en las que ha entregado más de 15.000 moradas a los ciudadanos.

Alberga unos activos de 800 millones, de los que despuntan en particular dos partidas. Una, los edificios en alquiler, cifrados en 44 millones. Otra, las existencias, es decir, solares y obras en curso o conclusas, que alcanzan un importe de 590 millones.

En definitiva, el desembarco de La Llave de Oro en la Villa y Corte ilustra con claridad cómo el marco regulatorio condiciona las resoluciones empresariales.

De hecho, es decisivo para movilizar los capitales hacia latitudes más benévolas, donde la estabilidad política y la ausencia de impuestos confiscatorios aseguran un fecundo despliegue de toda suerte de iniciativas privadas.