Alejandro Tercero opina sobre la "financiación singular" de Cataluña
Ordinalidad fiscal
"No es justo ni equitativo establecer una relación fija entre el nivel relativo de gasto a destinar en servicios públicos y el nivel relativo de impuestos recaudados en una comunidad autónoma"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de ERC, Oriol Junqueras, han cerrado este jueves un acuerdo sobre la financiación autonómica que puede reportar 4.700 millones de euros más a la Generalitat.
Según Sánchez, se trata de “un nuevo modelo” que será “más justo” y dará “más recursos a todas las comunidades para financiar más y mejor los servicios públicos”.
Según Junqueras, el acuerdo se basa en el principio de ordinalidad fiscal. “Si somos los terceros en aportar, tenemos que ser los terceros en recibir”, ha subrayado.
Pero, por muy bien que pueda sonar ese planteamiento, es más propio de la extrema derecha que de una formación que se considera socialdemócrata. De hecho, sería algo similar al “primero los de aquí”.
El principio de ordinalidad fiscal es lo más alejado a la equidad o a la redistribución de la renta. Hasta el punto de que ningún país del mundo lo aplica, ni siquiera los estados federales (salvo, con matices, la Confederación Suiza). Tampoco Alemania.
A falta de conocer la letra pequeña del nuevo modelo, solo hay una cosa clara: las posiciones de Sánchez y Junqueras son incompatibles. O el nuevo sistema es justo o cumple la ordinalidad fiscal. Las dos cosas a la vez son imposibles.
El principio de ordinalidad fiscal supone que cada comunidad mantenga la posición en el ránking de recursos per cápita recibidos que tenía en el ránking de recursos per cápita aportados.
Pero no es justo ni equitativo establecer una relación fija entre el nivel relativo de gasto a destinar en servicios públicos y el nivel relativo de impuestos recaudados en una comunidad autónoma, porque el coste per cápita de los servicios públicos que cada comunidad necesita para que sean equivalentes en todo el país es independiente de si ésta ha aportado mucho o poco per cápita.
Por ejemplo, comunidades como Madrid o Cataluña generan altos ingresos per cápita en la recaudación de impuestos. Sin embargo, a comunidades con gran dispersión de población (como Extremadura o Castilla y León) o muy envejecidas (como Asturias o Galicia) les cuesta más por persona mantener un nivel de sanidad similar a la media nacional. Con este criterio, parece razonable que Extremadura, Castilla y León, Asturias y Galicia reciban más ingresos per cápita que Madrid y Cataluña, pese a que éstas aporten más per cápita que las primeras.
Es tan absurdo el principio de ordinalidad fiscal que, a ningún político nacionalista que exige su aplicación entre las comunidades autónomas españolas, se le ocurre también proponer su implementación entre las provincias catalanas o entre las comarcas.
Pero todavía es más absurdo que ese principio lo defienda un partido de izquierdas.
