Dejen de penalizar a los pequeños propietarios

Según datos del INE, alrededor del 75% de los españoles vive en un piso de propiedad, frente a un 25% que lo hace de alquiler.

Esta cifra es muy inferior a la de los países más desarrollados de nuestro entorno. Por ejemplo, en Alemania, alrededor del 50% reside en viviendas de alquiler; en Francia, el 38%, y en el Reino Unido, el 35%, según Eurostat.

Además, el Observatorio del Alquiler apunta que cerca de un 14% de la población tiene más de un inmueble y la inmensa mayoría de los dueños de pisos en alquiler son pequeños propietarios (muchos de ellos como resultado del ahorro familiar acumulado durante varias generaciones).

De esta información se deducen varias conclusiones. En primer lugar, confirma el tópico de que España es un país de propietarios. En segundo, que faltan pisos de alquiler. Y, en tercero, que la mayor parte de la vivienda en alquiler no pertenece a grandes corporaciones ni a perversos fondos buitre.

Por eso, es sorprendente que las principales medidas que en los últimos años están aplicando las administraciones públicas para resolver la falta de vivienda de alquiler estén produciendo justo el efecto contrario: la reducción de oferta de pisos de alquiler.

Limitar el precio del alquiler en zonas tensionadas y la fianza o garantía que debe aportar el inquilino, y dificultar el desalojo en caso de impago (de hecho, en el caso de familias “vulnerables”, es imposible), puede frenar el encarecimiento de las rentas, sin duda, pero también, inevitablemente, merma su oferta.

Esta situación es un incentivo para que el pequeño propietario no considere razonable alquilar su propiedad y prefiera mantenerla cerrada a la espera de tiempos mejores o venderla, probablemente a un futuro propietario -no a otro inversor- (que la destinará a residencia, y a la que no podrá acceder el inquilino tipo, pues no suele tener capacidad para ahorrar la entrada necesaria), por lo que habrá menos pisos en alquiler.

Y el pequeño propietario que siga alquilando buscará perfiles mucho más seguros, con los mayores ingresos, los mejores trabajos, la mayor antigüedad y el menor histórico de impagos.

Es decir, lo que están consiguiendo las administraciones con estas medidas supuestamente sociales es dificultar el acceso al alquiler a los más desfavorecidos. Sí, algunos alquileres frenarán su encarecimiento, pero a costa de expulsar del mercado a los más necesitados y de fastidiar a los pequeños propietarios.

¡Menudo negocio!

Por eso, es desconcertante que apenas se oigan voces autorizadas que critiquen esta deriva sin sentido.

El objetivo debería ser aumentar la oferta de vivienda en alquiler, lo que, además de suavizar los precios, ayudaría a cubrir la demanda. Y eso solo es posible construyendo más pisos para que la administración y los privados los alquilen (y para eso se necesita mucho tiempo) e incentivar a quienes tienen vivienda disponible a alquilarla.

Castigarlos o tratarlos como delincuentes es un error. Y muy pocos lo denuncian públicamente.

Uno de ellos ha sido el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, quien hace unos días ha lamentado el "ataque sin piedad" que padecen los propietarios de vivienda, lamentando que se les responsabilice de la falta de inmuebles para alquiler en el país.

Culpar a los pisos turísticos del problema es ridículo (en Barcelona, por ejemplo, una de las ciudades más tensionadas, apenas suponen el 0,8% del parque de vivienda). En cambio, medidas como la desgravación fiscal del 90% a quienes reduzcan el precio del alquiler más del 5% van en la buena dirección.

O las administraciones cambian el rumbo y dejan de penalizar al pequeño propietario, o la situación del mercado de la vivienda de alquiler seguirá empeorando en los próximos años.