El Ministerio de Economía de la España que empezaba a liberarse de las ataduras del franquismo para preguntarse qué quería ser de mayor se sacó de la chistera el eslogan Hacienda somos todos por allá del 1978. Grabado a fuego en el imaginario popular más de cuatro décadas después, instaló la idea fuerza de que quien trata de eludir su responsabilidad fiscal está estafando a su hija, su hermano, su madre o su vecino.
Ahora, un grupúsculo de mentes ilustradas ha plantado el germen de una idea tóxica a la par que equivocada, y que apela al colectivo de igual manera que lo hacía la frasecilla. Especuladores somos todos. Ellos lo vestirán bajo la noble causa de la lucha contra la especulación inmobiliaria y el drama que inquieta a nueve de cada diez catalanes, según la sociología. Pero lo que subyace es un paso más allá en la persecución del propietario.
Lo han dado los sospechosos habituales. Los Comuns pretenden prohibir la compra no de una cuarta, tampoco de una tercera, sino de una segunda vivienda a aquel que ya tenga una en el mismo municipio, siempre y cuando este reciba la consideración de tensionado. Ello, para que quien quiera invertir, lo haga en criptomonedas y no en ladrillo. Varias consideraciones al respecto de esta proposición de ley.
Uno. El 90% de la población catalana vive en poblaciones que tienen poca o una ínfima oferta de alquiler y precios de compra demasiado elevados. Ya no se pretende legislar contra grandes tenedores o fondos de inversión, sino contra las familias que aspiran a encontrar en el ladrillo un activo fiable que ofrecer en arrendamiento hasta el momento de transferírselo a sus hijos.
Dos. Por lo que fuera, Jéssica Albiach, David Cid y compañía sí permitirían la adquisición de un inmueble de veraneo y, por tanto, parecen descartar que las segundas residencias en su sentido clásico contribuyan a la especulación de un litoral en el que, evidentemente, el mercado encuentra un caramelito.
Tres. ¿Para qué hablar de fórmulas distintas a la de socavar la raíz del derecho a la propiedad? Mucho mejor situar el debate en la hipérbole, que sopesar un límite a la rentabilidad de las operaciones de compraventa, o adaptar la carga impositiva según el número de viviendas del comprador para desincentivar la acumulación de riqueza. ¿O no?
Cuatro. Quien quiera mudarse para mejorar su calidad de vida, deberá vender su vivienda y sacarle la rentabilidad que quiera (o que le permita un mercado desbocado). Y cinco. Quien se lo pueda permitir, podrá ser un gran tenedor si diversifica sus propiedades por municipios, ya que la proposición de ley deja en manos de los ayuntamientos aplicar la prohibición o no.
La deriva que están tomando algunas intervenciones en el Parlament inquieta al siempre susceptible empresariado, pero también en el seno de la política. La formación heredera del movimiento que ilusionó a una enorme parte del electorado ahora hace una década se empecina en marcar la agenda del Govern de Salvador Illa; por el momento, lo está consiguiendo, a falta de saber en qué se traducirá el exhaustivo análisis que el Ejecutivo está haciendo sobre el tema.
La urgencia requiere de valentía, pero también de seriedad y de distancia frente a los populismos, lo que es aplicable a los Comuns, sobre todo por la cuenta que les trae. Porque confundir la capacidad de influir en las políticas públicas con pensar que Cataluña es el patio de su casa les hará perder la credibilidad de la que gozan entre los que les han confiado la legislatura y los que les permiten ocupar todavía seis escaños en el Parque de la Ciutadella.