El president del Govern, Salvador Illa, salió casi indemne del primer bache de la legislatura: el debate sobre el estado de la red de ferrocarril que opera bajo la marca Rodalies. El jefe del Ejecutivo admitió los problemas de la infraestructura, prometió mejoras y apeló a la paciencia, puesto que se está negociando el traspaso de la operadora a una empresa mixta en la que participará la propia Generalitat de Cataluña.
Sí, hoy los grupos de la oposición reprobarán a la consellera de territori, Sílvia Paneque, por este asunto. Se anotarán esa pírrica victoria. Pero la sangre no llegará al río. Nadie quiere tensar la cuerda en demasía, y el grupo más vociferante contra Renfe, que es Junts, tiene el discutible descaro de criticar el servicio de la empresa pública y, al mismo tiempo, colocar a un consejero en el órgano de gobierno de ésta.
Esta misma semana, el diputado Salvador Vergés exigió "la salida" de Renfe de Cataluña en un tono belicoso, aunque no pudo justificar -o lo hizo mal- el hecho de que su partido haya designado a un representante en el consejo. Primer, els sous (los sueldos).
Esta tormenta en un vaso de agua siguió a las manifestaciones por los fallos en el servicio, que aglutinaron a unos escasos centenares de personas. No, Rodalies mueve, pero poco. No hubo los miles en la calle que anhelaba cierto independentismo como mecha de un nuevo órdago.
La red de trenes tiene campo de mejora, es evidente, pero no parece que vaya a servir juguete de algunos para encender de nuevo otro procés. Ya hubo uno, y terminó como terminó.
El asunto ferroviario se discute ahora con bastante más madurez: de quién es la titularidad, quién invierte cuánto, qué líneas fallan, cómo se interconecta con otros modos de transporte o cómo se informa mejor al sufrido usuario de las incidencias. Que es lo que se tendría que haber hecho desde el principio.
En lugar de ello, hace un tiempo algunos círculos asieron Rodalies como arma arrojadiza para justificar una hipotética secesión. Con ello, la sensación que queda es que les importaba todo menos el armonioso funcionamiento del ferrocarril.
La red de Cercanías debe mejorar para servir a los pasajeros, y esa optimización tendrá que ser, forzosamente, por razones presupuestarias, paulatina. Ninguna duda. Y el debate que lo rodea, la llamada conversación pública, debe versar en cómo mejorarla desde la máxima honestidad.
Por ello, las sesiones de estos días, y que se cierran hoy, deberían servirle a algunos como mensaje: Rodalies no es el disparador nacionalista que algunos anhelan para lanzar otro putsch. La ciudadanía quiere -queremos- soluciones, aunque sean graduales, y una gobernanza eficiente de un servicio público por el que paga. Punto.
Porque si se usa el tren como palanca de agitación de masas -tiempo atrás buscaron hacer lo propio con Aena-, como algunos diputados pretenden desde el atril del Parlament, quizá se termina descubriendo que sus compañeros cobran de la empresa que lo gestiona.