Carles Enric Moner Codina es un ilustre abogado mercantil y económico de Barcelona. Ejerce desde un despacho situado en la confluencia de las calles Pau Claris con Mallorca, en pleno Cuadrado de Oro de la capital catalana. Respetado por muchos colegas y con un currículum --en teoría-- intachable, como muestran las pocas apariciones mediáticas que tuvo en edades mucho más tempranas.
Pero hoy mismo, Moner se enfrentará a un juicio por saquear una fundación de asilos para personas mayores en el que la Fiscalía le pide penas que suman, en total, 32 años de cárcel. Junto a él están acusados otros ex altos cargos de Euroconsell Econòmic i Legal, el despacho del Eixample que, en su cénit, llegó a tener "300 colaboradores" en toda Europa, como informaron ellos mismos.
El ministerio público cree que Moner y algunos de estos colaboradores, como la traductora Núria Vallano, los conocidos arquitectos Enginyà, vaciaron la entidad solidaria, abriendo un desfalco de 911.000 euros. Que derivaron, en parte, a "sus propias cuentas".
Las vistas que empiezan hoy, discretas, enjuician unos hechos ocurridos entre 2009 y 2010, cuando se decretó la intervención judicial de la Fundación Nuestra Señora de Fátima. El juzgado decretó que su presidente, Gerardo Rodríguez Encinas, no podía seguir al frente del ente asistencial, por lo que le relevó temporalmente.
Nuestra Señora de Fátima operaba tres asilos, dos de ellos en Cataluña. El que colinda con el Parque de Atracciones del Tibidabo, otro en Vallirana y un tercero en el Barco de Valdeorras (Ourense), que es la central.
En 2010, cuando sufrió un traspié judicial por dudas en la gestión, Moner y su equipo tomaron las riendas de la fundación de forma interina. Fiscalía cree que aprovecharon para saquearla. En apenas un año y medio, levantaron, cree la acusación pública, 911.000 euros en obras, trabajos y transferencias innecesarias o directamente delictivas.
Todo ello, claro, se tendrá que probar en sede judicial. Los encausados, que son siete, son absolutamente inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
Pero el juicio tiene más enjundia. Rodríguez Encinas, empresario gallego, comenzó operando un bar de señoritas en la localidad orensana, El Shanghái. Lo dejó negro sobre blanco en su informe de administración el propio Carles Enric Moner. El fundador de la entidad, pues, concomitaba con el proxenetismo, aseguró el administrador temporal.
Del alterne habría pasado al cuidado de mayores por medio de la compra de chalés como el de Vallirana. Eso antes de que los tribunales le apartaran temporalmente y situaran al frente de Virgen de Fátima alguien que, cree la Fiscalía, fue aún peor para el pequeño conglomerado.
De todo ello se extrae una conclusión que tampoco es tan novedosa. Todo tipo de operadores sin escrúpulos, corsarios, regateadores, subasteros y ahora, agresivos fondos de inversión, han irrumpido en el cuidado de nuestros mayores.
Es cierto que también hay operadores honestos. Empresarios dedicados en cuerpo y alma al cuidado de ancianos porque creen que es un fin noble en sí mismo, del que, en paralelo, se puede ganar un jornal. Pero, por desgracia, no son tantos. Se trata de un sector en el que abundan los tiburones. A partir de hoy mismo se juzgará si algunos de estos escualos asaltaron una humilde fundación asistencial.
El caso de Virgen de Fátima es, por ahora, uno más. Los indicios, que se tendrán que probar, son aterradores. No tanto como los del Geriàtric Aragó, de Barcelona, donde hubo un brote de salmonela que se llevó ocho vidas en 2023. El centro, por cierto, acaba de cambiar de nombre a Residència Mussol.
Tampoco tanto como la residencia del horror de DomusVi, Ca n'Amell de Premià de Mar, donde murieron 87 personas durante la pandemia. En ese equipamiento pasaron muchas cosas que jamás se han contado, la respuesta a algunas de las cuales la tiene Aina Plaza, aún alto cargo de la Consejería de Salud. Pero no ha hablado.
Mientras, hoy, quién sí arrojará luz sobre un episodio de pésima gestión sobre el gerosector es Fiscalía. El ministerio público ha entrado a fondo a intenar aclarar responsabilidades sobre la presunta rapiña a un grupo de residencias.
Porque hasta ahora, la historia es que hubo tres asilos, un bar de señoritas y un ilustre abogado de Barcelona. Veremos si termina así.