Es cierto que con Salvador Illa y el PSC no existe el ruido que hubo en la época de sus antecesores al frente de la Generalitat, especialmente con Puigdemont y Torra.
Con Aragonès, en realidad, la cosa ya fue a menos. Y con Sáenz de Santamaría todo estuvo aún más calmado (por cierto, no sé por qué nos olvidamos siempre de ella al hablar de expresidentes de la Generalitat, pues si a Berenguer de Cruïlles lo meten en esa lista, la de Valladolid tiene más argumentos democráticos que ese cura del siglo XIV para estar en ella).
Pero la ausencia de tensión no impide que la desarticulación del Estado continúe de forma constante. Lenta, pero imparable.
El último de los pilares de la casa común que se va a demoler es el de las competencias en inmigración. Así lo ha anunciado el propio Illa en el Parlamento autonómico, asegurando que “pronto” obtendrá la cesión de la gestión de esa materia por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.
¿Tiene sentido que una comunidad autónoma gestione la inmigración cuando no puede controlar sus fronteras? De hecho, apenas tiene sentido que sea una competencia de los Estados miembros de la UE, cuando tampoco controlan sus fronteras internas. La lógica apunta a que fuese una competencia comunitaria, pero en ningún caso de las regiones de los Estados.
Además, ¿es legal ceder esa competencia a las CCAA? Según el artículo 149.1.2ª, la inmigración es una competencia “exclusiva” del “Estado”, entendido como la Administración General del Estado (pues el artículo 148 recoge las competencias autonómicas).
No nos engañemos. La cesión de la inmigración a la Generalitat responde a una negociación política con Junts, que contradice toda lógica y planteamiento razonable, y puede que incluso contravenga la legalidad constitucional.
Que este nuevo episodio del desmantelamiento del Estado venga de la mano del PSOE y el PSC no sorprende. Que nadie ponga el grito en el cielo, sí.