Lo que está narrando estos días Crónica Global sobre el Puerto de Barcelona pone los pelos de punta. La ejecución de un histórico estibador no solo ha revelado una guerra entre clanes de la droga, sino el descontrol absoluto que ha reinado en la zona autónoma en los últimos años. 

El Puerto ha permitido -y esto lo denuncian altos cargos policiales- que una minoría de estibadores arme un negocio paralelo de entrada de cocaína en las terminales de contenedores. Un grupete de portuarios, apenas un puñado, han señoreado las dársenas con absoluta impunidad para lucrarse de la forma más desaforada. 

Mientras, la Policía Portuaria ha sido relegada a ordenar el tráfico y a poner multas, y la Guardia Civil, competente en la zona autónoma, hace lo que puede a muy duras penas por falta de efectivos. Y ahora, además, con la nueva competencia de los Mossos d'Esquadra, que también quieren desembarcar en la instalación. 

Con tres cuerpos policiales in situ, ¿nadie ha podido frenar el flujo de cocaína al por mayor durante años? Se calcula que apenas se intercepta el 5% de la mercancía ilegal. ¿Nadie ha atinado a decir basta? ¿Quién gana -y qué- con esta situación?

Llegados a este punto, hay que interpelar a los responsables pasados y presentes del Puerto. No es admisible que los directivos se dediquen solo a la chapa y pintura: una ampliación por aquí, una concesión por allá o el refuerzo de un dique en la otra parte. Esas inversiones son necesarias, claro, pero también lo es garantizar una mínima seguridad y pulcritud en la descarga de contenedores. 

Y en este punto, ¿se ha permitido, o tolerado, que una minoría en el seno de una comunidad de 1.200 personas controle impunemente el tráfico de cocaína? ¿No sabe el Puerto las consecuencias devastadoras, en cuanto a seguridad y salud pública, que esa laxitud ha tenido para el global de la comunidad?

El nuevo presidente, José Alberto Carbonell, ha tomado posesión con la responsabilidad de acometer las inversiones necesarias para alinear el Puerto con el crecimiento económico de Cataluña y, también, con la descarbonización y el crecimiento sostenible. Objetivos loables todos ellos. Necesarios. 

Pero de Carbonell y su equipo, todos veteranísimos directivos de la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB), también se espera que pongan orden a la instalación. Es inaceptable que una empresa pública doble sus rodillas ante una minoría criminal, y que como consecuencia de las cuitas internas de esta esfera delictiva se ejecute a un tipo a plena luz del día delante de una escuela infantil. 

Señor Carbonell, presidente de la APB; y señor Álex García, director general: ¿qué han hecho hasta ahora? ¿Dónde estaban mientras surgían y medraban los Bubitos? Y lo más importante: ¿qué harán a partir de ahora? Porque, hasta este momento, parecen haber enmudecido.