Decía Confucio que, cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo. Y aquí, en el debate sobre las responsabilidades políticas de la gestión del desastre de la DANA de Valencia, todos estamos mirando el dedo.

Lo relevante -políticamente hablando- de la respuesta a la catástrofe que ha dejado cientos de muertos no es dilucidar quién tiene la culpa. Lo importante no es saber si la tragedia la agravó Sánchez o Mazón, el Gobierno o la Generalitat Valenciana. Lo grave es que en las últimas décadas se ha ido desmontando el Estado central hasta el punto de llegar a la situación de estos días en el Levante.

Hay una frase del presidente Sánchez -en una comparecencia cuatro días después de las inundaciones- que resume el drama de este país: “El Gobierno central está listo para ayudar. Si [la Generalitat Valenciana] necesita más recursos, que los pida”.

También estremecen las declaraciones del teniente general Javier Marcos, jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), seis días después de las riadas: “Quien decide dónde vamos o dónde no vamos es la comunidad autónoma [...] En cuanto la Generalitat nos dio luz verde a través de un procedimiento que está establecido, es decir, cuando recibí la orden correspondiente, en minutos estábamos en la zona de emergencia”.

¿Si necesita más recursos, que los pida? ¿En serio? ¿De verdad la ayuda de la Administración General del Estado a un territorio del propio Estado depende de que un gobierno autonómico la pida?

¿Realmente la intervención del Ejército en su país solo es posible si lo reclama un Ejecutivo regional? ¿A alguien le entra en la cabeza que el Gobierno del Estado tenga que pedir permiso a una comunidad autónoma para salvar la vida de las personas?

¿Cómo se ha llegado a una situación en la que el Gobierno central -es decir, el equivalente al Gobierno federal en otros países con una estructura similar a la nuestra- no tenga potestad para actuar en su propio territorio ante una hecatombe con cientos de muertos?

El verdadero drama, la auténtica tragedia (obviamente, más allá de los muertos y damnificados), es que el actual modelo autonómico ha vaciado de competencias a la Administración General del Estado hasta el punto de que la Unidad Militar de Emergencias asegura que no podía actuar en Valencia mientras la Generalitat no lo solicitase, aunque estaban listos para ello. Como si se tratase de la ayuda que ofrece un país extranjero.

Es inaudito.

Insisto. Es irrelevante de quién es la culpa de la inoperatividad o la lentitud de respuesta ante la catástrofe, o quién, cuándo y en base a qué se deben lanzar las alertas o clasificar los niveles de emergencia. Lo espantoso es la degradación del modelo de Estado hasta la situación actual que, en la práctica, ha diluido la Administración General del Estado convirtiéndola en una mera comparsa de los caciques regionales de turno.

Y de esta tragedia, de la desarticulación del Estado central, sí que podemos señalar a dos culpables: el PP y el PSOE.

No hay duda de que, para ser eficientes, necesitamos un país descentralizado. Muy descentralizado. Pero mucho menos de lo que lo es en la actualidad. O desastres como el de Valencia se repetirán.