Los políticos han decidido que toca hablar de vivienda, que es el momento de ofrecer soluciones al problema que han creado o han permitido durante tantos años. Dicen estar preocupados por el precio del alquiler, y el de la venta, inasumibles para muchos bolsillos, sean jóvenes o no, nacionales o extranjeros, en especial en las ciudades y sus entornos. Así que llegan las promesas.

En Cataluña, el president Illa se ha comprometido a construir hasta 50.000 pisos hasta 2030 con una inversión de 1.100 millones de euros al año. De hecho, la vivienda es una de las prioridades de la legislatura, junto con la sequía y Rodalies, pero perdonen que dude de esta promesa. Y no solo porque no sería la primera vez que el líder del PSC cambia de opinión en asuntos sensibles, sino porque, antes que él, hubo otros que quisieron levantar bloques a mansalva y no se quedaron ni a medias. No es tan sencillo.

Ampliar el parque público de vivienda es necesario, sí; hacerlo de repente, a lo bruto, puede derivar en otros problemas. Porque es evidente que estos pisos sociales no están planteados para las clases altas. Y ubicarlos en un barrio tranquilo, acomodado, puede levantar al vecindario, contrario a la llegada de ciertos residentes. Pero construirlos en zonas específicas conlleva el riesgo de convertirlos en una especie de guetos. Hay que planificar bien su distribución.

Por otro lado, la Generalitat destinará 100 millones al año a un fondo para ayudar a los jóvenes a acceder a la compra de su primera vivienda, y creará una licencia básica para agilizar la construcción de viviendas protegidas de alquiler. Todo eso está muy bien, aunque nos faltan detalles. Sin embargo, cuando tantas soluciones pasan por dar ayudas… es que el sistema falla por muchos puntos. Deben ser un parche, pero no el remedio.

¿Y de los okupas? ¿Y de los inquiokupas? ¿Alguien ha escuchado alguna medida al respecto? ¿Se van a agilizar los desalojos? ¿Se va a proteger al propietario? Nada de nada, a pesar de que hay una buena bolsa de pisos que no está en el mercado precisamente por el miedo a ser víctima de estas prácticas impunes. Cuánto oportunismo político se esconde detrás de la vivienda.

Así que no está de más recordar el artículo 47 de la Constitución: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.