Este principio de verano habrá agua en Cataluña, aunque no es tan cierto que exista un gobierno autonómico. En territorio catalán los asuntos se resuelven lentos y en dos fases: una primera de mucho ruido y escasas nueces; la siguiente son cuatro nueces que se han quedado por el suelo y algunos recogen en el más absoluto silencio. Un altísimo ejecutivo del Ibex 35 sostiene la certera tesis de que el bien no hace ruido, y que el ruido no hace ningún bien. Haría bien en trasladársela a la clase política catalana.
En esta fase de altos decibelios en la que nos encontramos de nuevo se confirma la que ha sido la tesis de este medio de comunicación. Salvador Illa será el nuevo presidente de la Generalitat, aunque consiga ese cetro político gracias a múltiples sudores (sin descartar una repetición electoral), no pocas renuncias y en el límite de la campana que hará sonar el reloj parlamentario. Solo Carles Puigdemont, y únicamente él, tienen interés personal y cierto en llevar su actual bloqueo minoritario a una nueva contienda. Más ruido durante un tiempo y ganar espacio temporal para ese regreso del fugado gracias a una ley de amnistía que desean convertir en un triunfo y un acontecimiento de beatificación política ad hominem.
Pero la sociología catalana es tozuda. La encuesta que publicamos hoy sobre cuál sería el escenario político en caso de repetición electoral es contundente a pesar de que apenas ha transcurrido un mes desde la cita con las urnas: el atasco entre bloques continúa, pero los partidos que empiezan a considerarse como inútiles para influir en la gobernación pierden plumas. Tanto Illa como Puigdemont sumarían un diputado más a sus actuales fuerzas. Pero la ERC zozobrante de la suiza Marta Rovira se dejaría cuatro parlamentarios en su camino hacia la refundación. CUP y Comunes perderían un escaño cada uno en unas nuevas votaciones, mientras que el verdadero beneficiado sería la Aliança Catalana (AC) de Sílvia Orriols que, en el supuesto de una repetición, agregaría cuatro parlamentarios a los dos que obtuvo el mayo pasado. Si acaso el PP aumentaría su intención de voto levemente y superaría a ERC como tercera fuerza política, pero sin ganarle aún en escaños.
Harían bien los partidos políticos en leer con atención los resultados de la encuesta. Bloquear el camino del líder socialista a la presidencia de la Generalitat no les ayuda, en esencia, a modificar las preferencias actuales de los catalanes. Incluso si fueran capaces (cosa más que dudosa a día de hoy) de acordar una lista común del independentismo, el resurgir de la extrema derecha soberanista podría alcanzar unas cotas peligrosas. Y, ahora sí, Orriols ya dispondría de recursos, de espacios electorales gratuitos y de todo el aparataje para concurrir a unas elecciones en igualdad de condiciones que sus adversarios. Y, ojo, la suma de los 11 diputados de Vox y los seis de AC llevan a un panorama de ultras conservadores (sean españolistas o catalanistas) en el Parlament del 12,5% del total de diputados. El fenómeno merece más que atención.
Las plumas que Illa se dejará en su camino son esencialmente dos: se quedará sin vacaciones este verano porque sus contrincantes le llevarán hasta el límite de finales de agosto para permitir o no su investidura; y, por supuesto, tendrá que inventarse una reformulación de la financiación autonómica que permita a los nacionalistas presentar su apoyo o abstención, según sea el caso, como una nueva victoria frente al Estado.
Este asunto del dinero que recibe y podría recibir Cataluña no es baladí. El actual sistema de distribución de fondos entre autonomías está caducado en la medida en que los sistemas de reparto que se emplean han quedado inservibles por realidades sociales como la inmigración, los traspasos de competencias, la despoblación de territorios y el envejecimiento general de la población española. Lo creó José Luis Rodríguez Zapatero en 2009 y caducó en 2014. Desde entonces, y pese a algunos acercamientos entre PP y PSOE, el sistema sigue igual o tan atascado como el poder judicial con el agravante de que por él han transitado una crisis económica, una pandemia y un flujo migratorio imparable.
Cataluña no es la única autonomía que reclama una mejoría, pero sí la más insistente y descarada. Illa aportará esa reforma como compromiso para su mandato (ayer Pedro Sánchez se dejó entrevistar en La Vanguardia para avalar esa tesis y lanzar unas cuantas lisonjas a ERC) por dos motivos fundamentales: cree en la necesidad de reformular el sistema y las mejoras que obtenga podrá administrarlas desde su condición de nuevo presidente autonómico. Con más recursos disponibles y con la propia personalidad y el carácter de Illa sus adversarios también saben que la permanencia del líder del PSC en el cargo puede prolongarse más allá de un mandato.
Que sea el socialista catalán y no un nacionalista quien abandere esta reforma de los fondos públicos que se distribuyen a las regiones es, también, una garantía de que ese asunto no romperá España. La “singularidad” que reclama ERC no dista mucho del “hecho diferencial” que Jordi Pujol esgrimió durante décadas con respecto a Cataluña en el marco español. Lo compraron desde Felipe González hasta José María Aznar sin chistar. Hoy ni Isabel Díaz Ayuso, ni Juan Manuel Moreno Bonilla, ni Carlos Mazón, ni Emiliano García Page se quejarán más allá de la escenificación partidaria por una reforma que dé más recursos a sus respectivas autonomías y, sobre todo, si se introducen elementos de corrección y reequilibrio que tengan en consideración aquellos asuntos sobrevenidos que han provocado la expiración del actual sistema.
Tras las autonómicas catalanas, los independentistas se han hecho con el control de la Cámara, estratégica para su hoja de ruta de visibilidad política. Illa anduvo dubitativo y confiado en exceso; ERC en manos de una fugada que deseaba ejercer su minuto de gloria; Puigdemont al mando de la astucia que introdujo Artur Mas; Alejandro Fernández prisionero de la lectura española del PP; y los Comunes secando las lágrimas de Ada Colau esparcidas por la arena de Barcelona. Habrá todavía mucho más ruido, pero al final de verano no morirá Chanquete. Lo más probable es que nos olvidemos de la sequía y que Illa releve a Pere Aragonés. Regresar a las urnas se antoja un suicidio colectivo.