Ya tiene España un presidente de Gobierno investido que pronto completará un nuevo Ejecutivo. Tras el discutido pacto con nacionalistas de diferentes territorios, tanto Pedro Sánchez como sus barones regionales y los propios socios de la investidura inician una etapa presidida por la extrema polarización del país en dos bloques. Esas dos partes no están seccionadas por motivos ideológicos, sino de interés electoral. Para entendernos, entre los apoyos de Sánchez a esa draculina coalición que facilitó la investidura hay una amalgama de posiciones políticas tan o más diversa que entre quienes se opusieron. Seguirá siendo erróneo, en consecuencia, sostener que Sánchez ha sido investido por un bloque progresista, cuando entre los votos afirmativos se cuentan a los conservadores vascos del PNV, a los isleños de Coalición Canaria o a los catalanes de Junts per Catalunya.
Salvo sorpresas de última hora, el siguiente gobierno de Sánchez solo estará integrado por miembros de su partido y de Sumar (con Podemos revoloteando en busca de su espacio). Será importante, sin embargo, que el recién escogido primer ministro elija con atención a los representantes de Euskadi, Cataluña y País Vasco en el nuevo Consejo de Ministros.
En Canarias, por ejemplo, suena con insistencia el nombre de Ángel Víctor Torres, el líder socialista regional y expresidente autonómico hasta el 28 de mayo último, cuando fue el más votado entre los candidatos a la presidencia, pero un pacto entre Coalición Canaria y PP le desalojó del poder. El talante moderado de Torres vendría a socorrer la eventual radicalidad de un ejecutivo con integrantes del partido de Yolanda Díaz. Además, el socialista sería el garante de que el pacto entre el actual presidente canario y el PSOE, que incluye el desarrollo de la llamada agenda canaria, se cumpla.
En Cataluña los nombres que se han puesto sobre la mesa son varios. Es hoy el fortín del PSOE que apoya a Pedro Sánchez y, frente a esa realidad, el número de catalanes que se incorporen al nuevo Ejecutivo es fundamental para reconocer un apoyo sin fisuras de la delegación catalana que podría afectar a los intereses electorales de Salvador Illa en su propio territorio. El espaldarazo permanente del PSC al núcleo duro de Sánchez puede tener una recompensa en forma de ministerios, pero también en la conformación del sottogoverno de empresas públicas e instituciones gubernamentales donde siguen muchos ejecutivos de obediencia al PSC al frente de empresas públicas como Hispasat, Renfe, Aena, Indra...
Se insiste en la modificación del Ministerio de Cultura, que podría abandonar Miquel Iceta, a favor del portavoz de Sumar, el también catalán Ernest Ustasun. Pero el histórico dirigente del PSC podría mantenerse en el Ejecutivo en el área de Política Territorial que ya ocupó con anterioridad y que conoce a la perfección. Hay más nombres de Illa sobre la mesa de Sánchez. Se habla de Montse Mínguez, especialista en empleo; de Maria Eugènia Gay, concejal en el Ayuntamiento de Barcelona con Jaume Collboni y muy vinculada al mundo del derecho y de la justicia por mérito propio y tradición familiar; Núria Parlon, alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, también aparece en las quinielas de socialistas catalanas ministrables; y hasta Eva Granados, dirigente del Baix Llobregat, emerge en las especulaciones. Solo la actual ministra de Fomento, Raquel Sánchez, parece caerse de las apuestas sobre la continuidad.
El pago que Sánchez debe realizar a Illa es más poder y opciones sobre BOE. Solo gracias a la intercesión de los socialistas catalanes ha sido posible la reelección del presidente. Y, además, pueden ser los más perjudicados en términos electorales. Todos están pendientes en el PSC de cómo reciban los catalanes los pactos suscritos en los últimos días. Por si todo ello fuera poco, el regreso (postamnistía) del beato Oriol Junqueras y quizá Carles Puigdemont al ruedo político catalán harán más tortuoso el camino de Illa a la presidencia de la Generalitat a pesar de los buenos augurios de las encuestas.
Al margen de las negociaciones internas sobre el nuevo Gobierno, los socialistas catalanes deberán recalibrar su oposición a ERC como solitarios gobernantes autonómicos. Pronto habrá que hablar de nuevo sobre presupuestos públicos para 2024 y se ciernen sobre la comunidad dos retos de enorme importancia: la escasez de agua y la nula política energética de Cataluña en las últimas décadas, que la convierte en una de las comunidades más dependientes de España por su baja capacidad de generación alternativa y el alto consumo de sus empresas y población. Que el PSC adopte una postura condescendiente con ERC en virtud de sus pactos en Madrid o que recuperar el papel de martillo de herejes opositor será lo que determine la próxima fecha electoral catalana y visualizará, o no, la figura del candidato socialista catalán como alternativa clara al nacionalismo.
La España que nos viene con la nueva etapa de Sánchez en los mandos de la Moncloa será intensa y de una dureza imaginable. Pero cómo se traslade esa situación a la Cataluña herida por el procés, la misma que ha condicionado la política nacional en los últimos años, tendrá una importancia mayor. La Cataluña de Sánchez puede minimizar los daños o seguir abundando en la distancia que los secesionistas se empeñan en mantener.