El 21 de mayo de 2018, el entonces líder del PSOE, Pedro Sánchez, arremetió sin contemplaciones contra Quim Torra, que había sido elegido unos días antes presidente de la Generalitat.

"El señor Torra no es más que un racista al frente de la presidencia de la Generalitat de Cataluña, de ahí que nosotros dijésemos, y yo en particular, que el señor Torra no es ni más ni menos que el Le Pen de la política española", señaló Sánchez durante una rueda de prensa en la sede del PSOE.

En aquella comparecencia, pocos días antes de la moción de censura que le llevó a la Presidencia del Gobierno, Sánchez también tildó al dirigente nacionalista de “supremacista” y “xenófobo”.

Torra fue ungido por Carles Puigdemont para ese cargo. Era el número 11 de la candidatura de Junts per Catalunya (JxCat) que encabezaba el propio prófugo. Y durante el tiempo que fue presidente autonómico actuó siempre a su dictado.

Desde entonces, la posición de Puigdemont y de JxCat apenas ha variado. Sigue acusando a España de antidemocrática, reclama una amnistía para los implicados –a todos los niveles– en el intento de secesión unilateral y exige seguir avanzando en el proceso independentista.

Pero ahora, tras el acuerdo para la composición de la Mesa del Congreso, el PSOE ha facilitado a JxCat que pueda formar grupo propio en la Cámara Baja y en el Senado (mientras Sumar ha hecho lo propio con ERC en el Congreso), cediéndole los diputados y senadores necesarios para cumplir las exigencias del reglamento.

Gracias a esta cesión de Sánchez, los de Puigdemont dispondrán de más tiempo para intervenir en las Cortes, tendrán más margen de maniobra (como la posibilidad de presentar enmiendas) y, sobre todo, recibirán más dinero, mucho más.

En concreto, por el hecho de formar un grupo parlamentario, JxCat se embolsará unos 42.000 euros al mes. Es decir, más de medio millón al año y alrededor de dos millones de euros durante la legislatura.

Por mucho que este cambalache haya sido habitual en otras legislaturas, eso no lo hace menos antidemocrático. El reglamento es claro y las prebendas previstas requieren un nivel de representación que JxCat no ha logrado. Dopar esos resultados artificialmente es ir en contra de los principios democráticos y podría calificarse de Tamayazo.

Pero, sobre todo, lo que parece difícilmente digerible es recurrir a retorcer el reglamento del Congreso para facilitar la vida y colmar de pasta a aquellos a los que, hasta hace muy poco y sin que hayan cambiado sus planteamientos, se les consideraba xenófobos y supremacistas.

Solo espero que luego no venga nadie diciendo que no ha habido cesiones al independentismo más reaccionario por parte de Sánchez o que estas han sido irrelevantes.