El 23 de julio se vislumbra como una fecha crucial en la que es muy probable que haya un cambio de gobierno en España, lo que podría tener efectos significativos en Cataluña. Aunque el Partido Socialista Catalán (PSC) puede mejorar sus resultados electorales, es probable que ERC experimente un retroceso importante debido a la crisis que atraviesa. Estos resultados podrían desencadenar dos fenómenos interrelacionados.

En primer lugar, el movimiento independentista podría resurgir con mayor fuerza para oponerse a un gobierno liderado por el Partido Popular, y aún más si este gobierno incluye a Vox. No se puede subestimar la intensidad de la respuesta de los secesionistas cuando se sienten desafiados. Por otro lado, Cataluña perdería influencia efectiva en la capital. Durante el mandato de Pedro Sánchez, la autonomía catalana ha estado más representada que nunca en las instituciones estatales.

En los últimos años, dirigentes salidos de la calle Pallars han ocupado la presidencia del Parlamento español, han tenido una notable presencia en el Consejo de Ministros, incluso con la participación de representantes catalanes de Podemos. Además, ha habido una extensa red en entidades e instituciones públicas. Más allá de los ejemplos notables como Víctor Francos en Sanidad y Cultura, o Carme Artigas en Transformación Digital, los socialistas catalanes han estado presentes en otros ámbitos. Por ejemplo, Raúl Blanco fue una figura destacada en el Ministerio de Industria hasta que tuvo un desacuerdo con la ministra Reyes Maroto, y Salvador Illa lo promovió a la presidencia de Renfe en sustitución de otro catalán, Isaías Taboas, quien renunció debido a los problemas relacionados con el tamaño de los trenes y túneles de Cantabria.

Hay más ejemplos. Albert Martínez Lacambra, antiguo ejecutivo de una empresa privada en Barcelona, ha sido el responsable de distribuir la mayoría de los fondos públicos a través de Red.es, una entidad dependiente del Ministerio de Hacienda encargada de impulsar el Kit Digital. Se prevé que deje su cargo después del verano. Marc Murtra fue encargado de presidir una complicada Indra, empresa española de tecnología y defensa que aún cuenta con una importante participación estatal a través de la SEPI. En el ámbito aeroportuario, Maurici Lucena, presidente de Aena, no regresará con un éxito rotundo debido a los desacuerdos entre administraciones en relación con la ampliación del aeropuerto Josep Tarradellas - El Prat. Por otro lado, Antonio Llardén, presidente de Enagás, seguirá en su puesto de manera inamovible. El expresidente catalán José Montilla le acompañó como consejero. Y el exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, sigue al frente de los satélites españoles en Hispasat. Otro histórico socialista barcelonés, Pere Navarro, ha hecho un muy digno papel empresarial al frente de la delegación gubernamental del Consorcio de la Zona Franca.

Es difícil encontrar en la historia reciente un momento en el que Cataluña haya tenido tanto poder efectivo en Madrid como durante la última legislatura de Sánchez. Además de su influencia evidente en el Boletín Oficial del Estado, los catalanes desplazados a la capital han manejado presupuestos públicos importantes y han tenido la capacidad de actuar en beneficio de su territorio de origen. Esta realidad, fruto del enfoque pragmático de Illa al frente del socialismo catalán, ha resultado mucho más efectiva que la opacidad con la que Convergència i Unió manejaron su gestoría política durante décadas. En estos años, no ha sido necesaria la existencia de un lobby empresarial catalán tradicional debidoal gran número de interlocutores presentes en las administraciones y compañías de capital público.

La previsible llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia hará difícil replicar un modelo similar al del PSC-PSOE. El Partido Popular tiene una presencia limitada en Cataluña y atraviesa una fase de estancamiento político, lo que dificultará la reproducción del esquema. El líder popular no cuenta con un equipo en Barcelona convenientemente preparado para mantener la influencia en ese gobierno que se construye discretamente bajo la mesa. Este segundo nivel de poder, ejercido de manera discreta pero efectiva en los últimos años, se diluirá a partir del 23 de julio. Aunque los nacionalistas protesten en otro sentido y aislemos los efectos de sus obstinaciones en materia de marca regional, esta será la mayor pérdida para el territorio en los últimos años.