El crecimiento de Vox en España se ha traducido en Cataluña en un avance de cuatro puntos en los votos recogidos, hasta el 5% (más de 150.600 papeletas), y un total de 124 representantes en los ayuntamientos, 121 más que en los comicios de 2019. Todo ello, sin bajarse del autobús. Los de Santiago Abascal han triunfado en pueblos y ciudades en los que ni sus votantes conocían a los candidatos a los que brindaban su apoyo.

La ultraderecha está en racha y a nadie se le escapa que tiene todos los números de salir reforzada de las elecciones generales de julio. Incluso se puede convertir en un actor clave para la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Como es lógico, los populares intentan evitar este debate y mantendrán el discurso hasta más allá del 17 de junio, cuando se constituyan los plenos municipales de todo el país.

Cualquier alianza local pasará factura en las urnas, y queda muy poco para la nueva cita electoral. Los resultados de hace una semana llaman a abrir un debate sosegado y posibilista sobre los motivos de fondo de este auge de las posiciones extremistas –cabe recordar que la ultraderecha catalana también ha obtenido representación y puede conseguir la alcaldía de Ripoll, cuna de los terroristas del 17A–, la realidad que se impone es la de la estrategia política pura. Cuánto y a qué precio se puede retener o ganar poder.

Quedan en el aire las respuestas a las grandes cuestiones pendientes en el país que explican el triunfo de la extrema derecha y le auguran unos muy buenos resultados en julio.

La principal preocupación ciudadana es la creciente sensación de inseguridad, así lo indican las encuestas de opinión de municipios con ayuntamientos de todo signo político. Dar una respuesta a esta inquietud debería ser una prioridad de las corporaciones locales, ya que su persistencia es el mejor abono para los discursos extremistas. Y, unido a ello, es necesario repensar sin apriorismos la legislación sobre propiedad privada. Que existe un problema con el acceso a la vivienda es tan cierto como que la normativa actual solo genera inseguridad en los propietarios y tensiona más el mercado.

No existen soluciones sencillas a estos retos, que también incluyen abordar de una vez por todas el problema de lo bajos que son los salarios medios en el país. Para resolverlos, es necesario el compromiso y la voluntad de una amplia mayoría de fuerzas políticas. Y, de estas cuestiones, en España no vamos sobrados.