El primer día del juicio contra Laura Borràs y sus dos supuestos compinches en los trapis contra la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) --335.700 euros-- se saldó como era de prever: marrullería y cortinas de humo para torpedear el normal desarrollo del proceso.

Hay líneas de defensa legal de distinto tipo. La mayor parte de los letrados intentan ganar el juicio de forma directa y beneficiar así a sus clientes, pero hay otros que prefieren evitar la vista y sellan un acuerdo con la fiscalía, aunque sea a costa de admitir parte de la culpa; pero existe otra clase de abogados, especialistas en lo que podríamos llamar despeje de la pelota, dilatar la causa y enredarla hasta el infinito.

Se podría decir que Gonzalo Boye y su esposa, Isabel Elbal, pertenecen a este último colectivo. Desde recusar al juez y al tribunal hasta alegar indefensión de su clienta por un posible pacto de la fiscalía con dos de los acusados, anular las contundentes pruebas por defectos de forma, e incluso atribuir a los otras defensas el incumplimiento del código deontológico de la abogacía.

Da la impresión de que tanto la concentración a las puertas del TSJC como la línea de defensa no tuvieron un éxito espectacular en la primera jornada. La estrategia de Boye, que siempre pasa por subrayar los aspectos más políticos de la causa y por cuestionar la acusación, necesita cierta comprensión de los magistrados para lo que nunca sobra cierta presión ambiental. Y eso no ha pasado este viernes en Barcelona.

Borràs y su entorno tratan de mantener viva la llama del procés para envolver con la bandera un presunto caso de corrupción. Pero ya no pueden contar con la colaboración del resto de los nacionalistas; incluso los medios públicos y concertados evitan comprometerse adoptando una postura casi de perfil.

La arrogancia de la presidenta de JxCat que hasta hace dos días ninguneaba y contraprogramaba desde el Parlament al presidente de la Generalitat, al que ahora reclama solidaridad, es coherente con la de sus defensores, que contratan los servicios de Emilio (o Luis Enrique) Hellín, un perito que fue condenado por el secuestro y asesinato de la joven comunista Yolanda González.

Acostumbrados a que una parte de los ciudadanos comulgaran con las ruedas de molino que les vendían durante la efervescencia del procés, creen que pueden mantener el engaño, incluso en un caso tan claro como este. Se trata de un juicio sobre un supuesto caso de corrupción en el que la fiscal también debería buscar respuesta a la pregunta que todo el mundo se hace: ¿dónde fueron a parar los 335.700 euros que Isaías Herrero habría levantado al ILC gracias a Laura Borràs?