Hoy es un buen día para recordarle a mis amigos terceristas que el precio de pactar con los nacionalistas para mantenerse en el poder está siendo demasiado caro.

Sorprendentemente, todavía había quien decía que no, que el Gobierno de Pedro Sánchez no había hecho concesiones relevantes a los independentistas. Que solo eran palabras y que, en el fondo, los estaba engañando.

Pero la realidad es tozuda. Ayer, el consejero de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, dejó claro que este curso “ningún aula de Cataluña ni ningún centro educativo aplicará el 25% de castellano”.

Es decir, no solo no acatará las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ordenan que, al menos, el 25% de la educación se imparta en español, sino que aquellas escuelas en las que ya daban clases en las dos lenguas oficiales dejarán de hacerlo.

De hecho, la consejería ha enviado una carta a esos 27 centros en las que les requiere que dejen de aplicar las sentencias de los tribunales. Y se excusa en el decreto aprobado por la Generalitat que rechaza los porcentajes de uso de lengua en las escuelas, que en la práctica supone la vuelta a la inmersión, pese a que es ilegal según todos los tribunales (desde el TSJC al Constitucional, pasando por el Supremo).

Sin embargo, lo más grave no es lo que hace la Generalitat. Lo trascendente es que, quien podría evitarlo, lo permite. El Gobierno podría haber recurrido el decreto autonómico que veta los porcentajes lingüísticos y este se habría suspendido automáticamente hasta que el Tribunal Constitucional se pronunciase al respecto. Eso habría dejado al Govern sin capacidad para evitar el bilingüismo escolar este curso.

Pero no ha sido así. Viene un otoño complicado y un año electoral, y hay que mantener los apoyos suficientes para asegurar la gobernabilidad del país y la estabilidad parlamentaria, al precio que sea. Y, como siempre, el precio son (somos) los catalanes castellanohablantes.

Al menos, se agradecería al Gobierno que, encima, no se pitorrease, como ha hecho la portavoz Isabel Rodríguez al ser interpelada sobre esta cuestión. “En España se vela por el cumplimiento de las leyes y el Gobierno trabaja para que la Generalitat avance en esa dirección", ha señalado sin despeinarse.

Hay ocasiones en las que los gobernantes no son culpables de las injusticias y los atropellos a los ciudadanos. Esta no es una de ellas.

Los responsables directos de que este curso los niños catalanes no puedan recibir una educación bilingüe son el Govern de Pere Aragonès y el Gobierno de Pedro Sánchez. No le demos más vueltas.