Este jueves, Rafael Ribó ha dejado de ser Síndic de Greuges tras 18 años al frente del organismo autonómico. Hoy, Cataluña es un lugar mejor.

Pocos personajes han contribuido como este a la degradación de las instituciones catalanas y ninguno ha encarnado mejor que él la decadencia de la política en esta comunidad.

La marcha de Ribó es el final de una etapa oscura para buena parte de los ciudadanos de Cataluña, como reconocen incluso sus correligionarios políticos. De hecho, algunos de ellos no dudan en admitir en privado el desprecio que sienten hacia su persona.

Como defensor del pueblo autonómico, Ribó ha retorcido el mandato del Parlament y ha actuado exactamente en contra. En vez de controlar y fiscalizar los excesos de la Generalitat frente a los ciudadanos, se ha puesto al servicio del Govern y de su proyecto nacionalista.

Especialmente abyecta ha sido la actitud beligerante de Ribó en contra de los derechos de los niños castellanohablantes. Durante toda su trayectoria, ha sido uno de los máximos exponentes en defensa de la inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán, a pesar de que la justicia ha dictaminado que es un modelo ilegal. En vez de proteger a los alumnos pisoteados por la administración autonómica, el Síndic los ha machacado aún más.

Y esa obsesión la ha mantenido hasta el final de su mandato. De hecho, hace apenas cuatro meses emitió un informe para apoyar al Govern en su cruzada contra la aplicación de las sentencias que obligan a impartir, al menos, un 25% en español en los colegios de Cataluña. La Generalitat se ha apresurado a hacer suyos los argumentos de Ribó, que básicamente son que no hace falta más castellano porque los estudiantes ya usan esa lengua cuando hablan en el patio, en el comedor y entre ellos y con el profesor en la aulas. 

Ribó ha sido uno de los grandes promotores del procés. Ha acudido a foros internacionales a acusar a España de vulnerar los “derechos fundamentales” y de actuar como una dictadura por oponerse a la secesión de Cataluña. Ha arremetido sistemáticamente contra las actuaciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional para evitar la independencia (incluso ha cargado contra los Mossos por intentar evitar los disturbios tras las sentencia del procés). Ha tildado de “inconstitucional” la aplicación del artículo 155 de la Constitución tras la DUI de octubre de 2017. Y ha calificado de “presos políticos” a los líderes independentistas que fueron condenados por sedición.

La catadura moral del personaje quedó definida a finales de 2018, cuando se atrevió a recabar la firma de Pasqual Maragall –además de la de los otros expresidentes de la Generalitat– para pedir a Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez y Joaquim Forn que abandonaran una huelga de hambre contra su encarcelamiento por el 1-O pese a que el exlíder socialista estaba gravemente enfermo de alzheimer desde hacía años. Por si fuera poco, repitió un mes después y volvió a solicitar la firma de Maragall para pedir al Tribunal Supremo la liberación de los presos del procés.

Son innumerables los episodios que muestran a Ribó como un fanático sin escrúpulos. Como aquel arrebato de xenofobia en el que acusó a los ciudadanos “que vienen de otras CCAA a intervenirse en Cataluña” de ser los culpables incrementar las listas de espera y de generar un “sobrecoste” difícilmente soportable por la sanidad pública autonómica.

También abundan en su trayectoria otras polémicas que han manchado su honorabilidad. Entre ellas, los injustificables viajes a cargo del erario público. Por ejemplo, entre 2010 y 2011 realizó medio centenar de trayectos al extranjero. Y en 2019, la distancia recorrida en sus viajes dio para dos vueltas al mundo. En muchos de ellos, le acompañó su pareja, Judith Macaya, una empleada de la Sindicatura que progresó de forma meteórica desde que Ribó aterrizó en la institución.

Por si eso no fuera suficiente, un implicado en la trama corrupta del 3% le pagó a Ribó un viaje en jet privado para ver al Barça en la final de la Champions de Berlín de 2015. Antes, en 2009, también le regaló otro vuelo para ver al FC Barcelona en Roma.

Eso sí, a agradecido no le gana nadie. En 2009, un diputado del PP (Francesc Vendrell) coló una enmienda en la reforma de la Ley del Síndic de Greuges que amplió su mandato a nueve años. Casualmente, al año siguiente, tras su renovación en el cargo, Ribó fichó a Vendrell como alto cargo de la Sindicatura cobrando alrededor de 90.000 euros.

A sus 77 años y tras cuatro décadas cobrando sueldos públicos (el último, de algo más de 130.000 euros al año), se va un personaje procedente de la más rancia burguesía catalana que durante los 80 y los 90 arrastró a ICV a mimetizarse con el nacionalismo catalán más reaccionario.

Es cierto que el discurso de aceptación del cargo de Síndica de Greuges por parte de Esther Giménez-Salinas apelando a la “desjudicialización de los conflictos” (en relación al nacionalismo catalán) no dice mucho en su favor, pero también lo es que cualquiera será mejor que Ribó.