Se echa de menos una voz autorizada, bien sea del Gobierno o de la oposición catalana, que salga a desmontar con convicción todas las patrañas que suelta el independentismo cada vez que abre la boca para tratar de mantener vivo el conflicto y seguir viviendo del cuento. La última tiene que ver con el supuesto déficit de inversión estatal en Cataluña, una campaña impulsada por el nacionalismo tomando datos sesgados (como de costumbre).

Hay que reconocer que los separatistas son muy buenos en cuestiones de propaganda, manipulación y persuasión, que llevan muchos años haciendo lo mismo, que tienen todo un aparato de medios públicos y subvencionados a su servicio, y hay que comprender que para acallar sus bombardeos novelescos habría que contar con una persona 24/7. Por qué no la hay deberían explicarlo los responsables de turno. Pero de lo que no hay duda es de que esta vez no han hecho falta palabras para frenar los lloriqueos, aunque la respuesta se ha demorado en exceso (algo que, por otra parte, no sorprende a estas alturas).

El 27 de junio era el día elegido por el Gobierno para dar la estocada al independentismo, justo cuando se acaba de cumplir un año de los indultos. Y qué mejor lugar para hacerlo que en Cataluña y aprovechando la visita del presidente, Pedro Sánchez, con motivo de los premios de Pimec. Así, cual sastrecillo valiente, el Ejecutivo tumbó no siete, pero sí dos de un golpe, y empequeñeció a un Pere Aragonès que apenas pudo pronunciar con la boca pequeña sus reivindicaciones nacionalistas y al que, en el fondo, los dos anuncios del lunes le han dado fuerza ante Junts.

A primera hora de la mañana se anunció que el Mobile World Congress seguirá en Barcelona hasta 2030 (pese a Colau, sí), seis años más, gracias a la “discreción” de las negociaciones lideradas por la Generalitat, sí, pero también, y sobre todo, por el empeño de la vicepresidenta del Gobierno Nadia Calviño para que la feria del móvil permanezca mucho tiempo en la capital catalana y segunda ciudad española. Aragonès, que tenía un acto de Foment poco después, ya participó con un tono más moderado del habitual, aunque él parece algo más pragmático que sus socios y sus antecesores en el cargo.

Sobre el mediodía, por si fuera poco, el Consejo de Ministros aprobó el rescate de la siderúrgica Celsa por 550 millones de euros, un movimiento que el líder de la oposición en Cataluña, Salvador Illa (PSC), defendió días atrás como muestra de cómo el Gobierno trata a Cataluña. Así que, en un día, y mientras Sánchez volaba al Camp Nou para participar en el acto de los premios de Pimec –donde coincidió con Aragonès–, el Ejecutivo desarboló al independentismo, cuyo president apenas pudo pedir “garantías” de ejecución presupuestaria en la comunidad y, eso sí, reclamar una investigación por la barbarie de Melilla y la indignante respuesta de España.

Para redondear el lunes, salió la exdiputada de la CUP Gabriela Serra (la misma que compró bonos del Estado) para confirmar que lo del procés era un farol, que no había plan a ni b ni c –algo que ya había explicado en su momento la exconsellera Clara Ponsatí–, y que no deja de ser una muestra más de que el movimiento separatista se desmorona como un castillo de naipes.