El puente de San Juan se ha celebrado en los pueblos de la Mancomunidad de les Garrigues como una fiesta porque han recuperado el agua potable en sus casas. En 25 localidades de la llamada Cataluña vaciada como Fulleda, Llardecans, Juncosa, Sarroca de Lleida, Senan o Aspa, entre otros, sufren cortes de suministro de forma reiterada por la contaminación del embalse de Utxesa, el origen de su servicio de boca.
Este pantano de la cuenca del Ebro es único en el territorio, ya que no se encuentra ubicado en el trazado de ningún río. Se construyó en 1914 en el canal de Serós. Esto supone un problema, ya que de forma cíclica los plaguicidas que llegan hasta el agua invalidan su consumo. Y lo sufre de forma directa la población, que se ve obligada a usar agua embotellada incluso para lavarse los dientes.
Este escándalo, que ha sido visto en demasiadas ocasiones como un “problema rural” por el centralismo catalán, llega finalmente al Parlament. El PSC ha presentado una propuesta de resolución para que se abra una investigación sobre los motivos de la contaminación, que se prohíba el uso de productos agrícolas tóxicos en la zona (y se controle) y que se abra un diálogo con los municipios afectados. Es decir, para forzar al Govern a ponerse las pilas con algo tan sangrante como que en el siglo XXI se deba recurrir a los camiones cuba para llevar agua potable a las poblaciones.
La solución hace tiempo que está identificada en la zona. Los afectados exigen que les dejen captar agua del embalse de L’Albagés, del sistema Segarra-Garrigues, que no está contaminado y que les permitiría abrir el grifo de sus casas sin temor. Por ahora, el Govern ha hecho oídos sordos. Lo último anunciado es que han instalado filtros con carbón activo, que son suficientes para evitar la fatal concentración de nitratos. “¿Pero hasta cuándo?”, preguntan de forma pertinente en el territorio.
Que la Generalitat tiene un problema con estos ciudadanos, a los que no garantiza un suministro básico, está claro. Con todo, el debate que se mantiene en torno al agua en estos momentos en Cataluña está lejos de brindarles una respuesta. Los dos partidos del Govern sí discuten sobre este servicio, pero para fomentar cambios de titularidad en las localidades donde gobiernan.
La última en sumarse ha sido Palau-solità i Plegamans (Barcelona), donde el Ejecutivo local de ERC y JxCat cambiará una concesión por un servicio 100% público tras una consulta en la que solo ha recibido el apoyo de 234 vecinos de un municipio de 15.000. En Collbató (Barcelona), el proceso que se siguió ha sido anulado por el Tribunal Supremo al considerar que vulneró la libre competencia, y en Girona se está a la espera de un juicio sobre la gestión de la empresa pública que se encargaba del servicio de la capital de provincia y de las vecinas Salt y Sarrià de Ter.
La Agencia Catalana del Agua (ACA), a su vez, acaba de presentar en Tarragona las conclusiones de un proyecto, llamado Suggereix, sobre cómo mejorar la seguridad del agua regenerada. Este servicio, que implica poner más filtros en la depuración para cerrar el ciclo del agua, se activó en la Navidad de 2017 en la depuradora de El Prat de Llobregat tras algunas pruebas en Tarragona. No llegó al río hasta agosto de 2019 y, por ahora, solo se usa para el riego agrícola, la industria, para aumentar los caudales de los ríos (ambiental) y para fines lúdicos y municipales como el baldeo de calles.
Ante una sequía, la solución en Cataluña aún pasa por unas desalinizadoras que fueron muy polémicas en el momento de su construcción pero que el paso de los años ha convertido en infraestructuras capitales para evitar que el sistema colapse.
La agencia que depende de la Consejería de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, liderada por Teresa Jordà, ha abierto otro debate en torno al agua. Pero para crear una hidroeléctrica pública catalana tras el fin de las concesiones de dos centrales y revertir el de una tercera. Ha iniciado los trámites burocráticos, pero no está claro ni cuándo ni cuál será el efecto real de esa nueva empresa pública.
De nuevo, una decisión política que no garantizará que todos los ciudadanos del territorio tengan acceso al agua potable. Cataluña falla, y mucho, en blindar un servicio básico que depende de la gestión y la planificación autonómica. Los debates que mantiene abiertos son puramente ideológicos. Mientras, el territorio sigue en el furgón de cola de las energías renovables.
