Palau-solità i Plegamans valida una consulta sin votos para cambiar la gestión del agua

El Ayuntamiento de Palau-solità i Plegamans justifica un cambio radical en un servicio capital de este municipio de Barcelona con una consulta ciudadana que ha sido un fracaso total para las pretensiones de ERC y JxCat. El alcalde, Oriol Lozano, ha anunciado que cambiará el modelo de gestión del agua para pasar de la concesión a la creación de una empresa 100% pública porque “así lo ha pedido el 86,17% de la ciudadanía”. Con todo, en su análisis se ha dejado una parte básica: la participación en el sondeo local no llega al 2% de la población.

Tal y como se denuncia desde las asociaciones de vecinas contrarias a la decisión de los independentistas, las 282 personas que han participado en la consulta ni siquiera llegan al número mínimo para promover un referéndum ciudadano. La aplicación de la normativa vigente en esta localidad de 14.917 vecinos propicia que 2.237 personas deban suscribir la petición para poner urnas en las calles. Es decir, el 15% de la población. Tampoco se iguala la cifra de los partidos más pequeños. Primàries necesitó 407 votos para tener presencia en el plenario local.

Resultados “legítimos y representativos”

El Ejecutivo municipal se siente legitimado para sacar adelante un proyecto que defiende desde lo político, ya que se ha mostrado contrario a la colaboración público-privada por ideología, en que solo ha cosechado 243 votos a favor de su iniciativa. Son los que están a favor del cambio del servicio de los 282 vecinos que participaron en la consulta.

Ayuntamiento de Palau-solità i Plegamans / CG

Las cifras son irrisorias y así lo denuncian los vecinos que se han movilizado en contra de una decisión que ha generado polémica a menos de un año de las elecciones locales. Con todo, desde el gobierno municipal se asegura que los resultados son “legítimos, representativos y vinculantes”, por lo que ejecutarán el cambio de la gestión.

Proceso sesgado

El malestar en Palau-solità i Plegamans con este proyecto se inició en el momento en que ERC y JxCat anunciaron sus intenciones. Anunciaron un proceso participativo y empezaron a divulgar material impreso a los ciudadanos que era tan parcial que llevó a la movilización de las asociaciones vecinales. La de Can Cortès llegó a denunciar que, en el fondo, lo que se pretendía era cambiar el operador de un servicio que no presentaba problemas para que se lo quedase otra empresa del sector, GIACSA-Congiac, un consorcio nacido en el Bages cuya actividad ha acabado en el Tribunal Supremo.

La justicia confirmó que hubo irregularidades en el cambio de modelo de la gestión del agua que se siguió en Collbató (Barcelona), porque, aunque anunció que se pasaba de un modelo concesional a la gestión pública, se escogió a otra empresa privada sin concurso público. Ratificó que se había limitado la libre competencia porque, aunque el ayuntamiento se integrase en el Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (Congiac), esta sociedad no contaba con los recursos necesarios para prestar el servicio con calidad y subcontrataba a otra empresa del libre mercado, Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (Congiac).

Carcolé, el gran beneficiario

Su modelo quedó en el aire, cuestión que no se ha tenido en cuenta en Palau. Además, se ha prometido rebajas de la factura sin ninguna justificación (de hecho, en el material que se ha repartido se reconoce que la factura subirá) y se prohibió a los partidarios de la concesión público-privada participar en los debates organizados sobre el cambio de modelo.

Leonard Carcolé en una imagen de archivo cuando dirigía la Agencia Catalana del Agua (ACA) / EP

Por ahora, el único beneficiario de toda esta iniciativa es la empresa Capiol. El grupo dirigido por Leonard Carcolé, el ideólogo de la judicializada y enmendada privatización de ATLL, que cobró por un informe sobre sobre la llamada remunicipalización. Los errores, contradicciones y falta de rigor fueron denunciados por la oposición y los vecinos contrarios al proyecto. Ahora, se elevará en el pleno para que se pueda sacar adelante. La polémica continúa con una fecha en el aire: 28 de mayo de 2023, cuando se celebren las próximas elecciones locales.