El Gobierno ha conseguido convalidar el decreto que modifica algunos aspectos de la legislación laboral, pero no ha sido un triunfo político. La oposición, donde figuran cuando les parece bien algunos de los partidos que constituyen la mayoría gubernamental, lo ha impedido. O sea, que ha ganado el Ejecutivo y han ganado también quienes pretendían evitar que se pusiera una medalla. Todos los demás hemos perdido.

La aprobación por la mínima desluce el gran objetivo, que no era otro que constatar el cumplimiento de los acuerdos de gobierno firmados entre el PSOE y Unidas Podemos. No era la derogación de la reforma laboral, ni mucho menos, aunque sí introducir mejoras en el funcionamiento del mercado.

¿Merecía la pena organizar un tamayazo para infligir una derrota parlamentaria? En su primera edición, la compra de dos diputados autonómicos socialistas permitió que Esperanza Aguirre se hiciera con el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Pero en esta ocasión, el objetivo --frustrado, por otra parte-- no era más que impedir la validación de unas disposiciones que, como ha repetido el mismo PP, no alteran en lo fundamental su propia reforma laboral de 2012.

Los sucesos del jueves perjudican gravemente la política nacional porque descalifican a sus protagonistas y cuestionan sus verdaderos propósitos. Están en línea, hay que decirlo, con el ataque del lunes pasado al Ayuntamiento de Lorca.

Pero es que, además, esos avatares parlamentarios discurren al margen de la vida real del país. La estabilidad en el empleo, por ejemplo, uno de los principales objetivos de los cambios aprobados ahora, se ha acelerado de forma sorprendente en el primer mes de aplicación de la nueva reforma. En enero, la contratación indefinida ha superado nada menos que en un 92% a la de enero de 2021, incluso un 32% más que en diciembre pasado. Supuso el 15% de todos los contratos firmados en el mes, cuando en los últimos 10 años el promedio ha sido del 9,1%.

De hecho, y aunque lentamente, las cifras demuestran que los empresarios han empezado a perder el miedo inexplicable que aún les despierta la contratación indefinida. Olvidada ya la indemnización de 45 días por año de antigüedad, los números no justifican esos temores. Con la legislación vigente, un trabajador con tres años en plantilla y contrato fijo se va a casa con apenas dos mensualidades en el bolsillo.

¿Qué le ha dicho el Congreso de los Diputados a quienes tratan de fidelizar a sus empleados a través del contrato indefinido? Nada positivo, por supuesto.

¿Y a la gente joven? Peor. Es posible que a estas alturas muchos hayan interiorizado hasta tal punto que la precariedad laboral es lo normal, que ya no valoren otra situación. Puede que el taladro de la temporalidad injustificada haya calado tanto que, en estos momentos, la estabilidad haya dejado de ser un incentivo para ellos. Cabe la posibilidad de que muchos jóvenes --tan preparados como equivocados-- piensen que es preferible formar parte de una economía poco productiva pero cómoda y conciliable y no de otra más rica, pero de difícil acceso.

El jueves, este país perdió la oportunidad de explicarles que hay otro camino y que la acción política puede ser útil.